-Mañana empieza el curso 2016-17, cuya planificación y presupuesto ya es 100% fruto del actual equipo de Educación, ¿en qué se debería notar?
Primero, en la recuperación del diálogo con la comunidad educativa, esto es un hecho; es constante. El curso pasado dijimos que queríamos recuperar la normalidad en los centros y creo que lo hemos conseguido. En planificación, en cuotas de profesorado... hemos puesto las bases y los criterios para ordenar. A partir de ahora queremos avanzar en proyectos para la mejora del sistema.
-Siempre dicen que todas sus acciones persiguen una mejora de los resultados, ¿cuándo debería percibirse esa mejora?
-Creemos que ya se notó el curso pasado. Confiamos en eso, aunque aún no hemos acabado de analizar los datos. El Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) hará un informe. Un curso es poco tiempo, pero el objetivo es que las mejoras se empiecen a notar enseguida, espero poder dar datos pronto.
-Desde los centros hay profesores y alumnos que creen que éste tampoco es un curso normal por la LOMCE y especialmente por la reválida de 4º de ESO. El conseller quiere buscar una actuación consensuada, ¿ qué fórmula propondría usted?
-Las reválidas suponen uno de los problemas más graves de la LOMCE, que es una ley con una carga ideológica muy acusada, retrógrada y que incluso a nivel técnico está mal hecha. Por un lado tenemos en cuenta que hemos de seguir las vías legales y por ello preparamos un recurso. También nos coordinamos con otras comunidades para tener una postura común, porque la lucha también es política. Y hay que buscar fórmulas que no perjudiquen al alumnado y nos permitan cumplir la ley, que es una obligación de una administración, aunque queramos minimizar los efectos. Si finalmente hay que hacerlas, no quedará más remedio, y más si de eso depende la titulación oficial de los alumnos, no hay otra alternativa. Pero este curso la reválida de ESO no tiene efectos académicos y eso nos da un margen.
-Cataluña ha dicho que no las hará, ¿descarta esta opción?
-Ya veremos qué hacen realmente, dijeron que no harían las de Primaria y las hicieron, aunque a su manera. No adoptaremos una postura unilateral, será de acuerdo con otras comunidades.
-Si se derogase la LOMCE, ¿aboga por hacer una ley nueva o volver a la anterior?
-Es complicado derogar una ley sin tener alternativa con un mínimo de consenso, podríamos encontrarnos de nuevo en una situación como la actual y el sistema ha sufrido ya demasiado cambios. En un primer momento deberíamos paralizar la LOMCE, anular o modificar los aspectos más negativos, como las reválidas, y trabajar por un pacto que dé fruto a una ley educativa consensuada que dé estabilidad. En Balears damos por eso un fuerte impulso al documento de Illes per un Pacte, podríamos ser ejemplo para un pacto a nivel de Estado español.
-Hay quien ya empieza a temer los efectos de una 'contrarreforma' a la LOMCE.
-Ahora mismo hay alumnos cuya etapa escolar ha sido marcada por dos leyes educativas y que podrían acabar su etapa habiendo pasado aún por una tercera, esto es una aberración."Discrepo con Illes per un Pacte, la Conselleria consulta lo suficiente las decisiones educativas"
-La primera promoción de cada cambio es la que resulta más afectada y aquí, entre la LOMCE y el TIL, ya llevamos muchos 'conejillos de indias', ¿cómo afecta esto a los resultados, a los niños y a las familias?
-Genera mucha incertidumbre y estrés, también a los profesionales de la educación. Los centros están adaptándose continuamente a cambios curriculares muchas veces impuestos, lo que impide un auténtico debate pedagógico en un marco estable. Los cambios han de ser consensuados y con expectativa de perdurar, con esto tenemos que ser muy responsables a partir de ahora.
-Se habla mucho de innovación pedagógica, ¿la escuela está desfasada y hay que cambiarlo todo o se corre el riesgo del 'innovar por innovar', que no es garantía de nada?
-La escuela necesita adaptarse a los nuevos tiempos y cada vez hay más centros que ponen en marcha experiencias, pero siempre han de ir acompañadas de una evaluación, no vale todo. Nosotros hemos dar las condiciones para que los centros adecuen su manera de trabajar a su alumnado y que eso se traduzca en una mejora de resultados. Hay que dar autonomía, pero luego pedir cuentas.
-Precisamente otra novedad de este curso, el decreto de lenguas extranjeras, da mucha autonomía a los centros para decidir si hacen asignaturas en inglés o no, pero no incide tanto en la rendición de cuentas.
-No, también hay. En el plan de Éxito Educativo, que presentaremos pronto, se fijan dos piezas clave relacionadas con la rendición de cuentas: Inspección y el IAQSE. Haremos evaluaciones de cómo mejoran los resultados de los centros, también de la competencia lingüística: un centro que no asuma los resultados esperados, recibirá el feedback correspondiente y se espera que adopte medidas para mejorar.
-Tras la guerra que se vivió en Balears contra el TIL, ¿qué pensó cuándo vio que el pacto PSOE-Ciudadanos incluía la implantación del trilingüismo?
-Nuestras sociedad ya son plurilingües de hecho. El trilingüismo en la educación implica muchas consideraciones a tener en cuenta, más después de la experiencia nefasta que hemos vivido aquí. El problema de base con el modelo del TIL es que con la excusa de querer mejorar el aprendizaje de lenguas lo que se pretendía realmente era atacar la lengua propia de Balears. El pacto PSOE-C's hablaba de establecer un trilingüismo "respetando las competencias de cada autonomía para establecer el peso ponderado de cada lengua en el horario escolar". Quedaba claro que se respetarían las competencias autonómicas y es lo que hemos hecho aquí a partir del Decret de mínims. Además, el pacto hablaba de "dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros". La voluntariedad por parte de los centros es clave: menos Luxemburgo, ningún país de nuestro entorno obliga a aplicar un modelo trilingüe y en España, tampoco lo hace ninguna comunidad autónoma, ni las del PP. Son los centros los que deben decidir si usan el inglés como lengua vehicular en una asignatura y después evaluar y acompañarlos para mejorar los resultados cuando no sean satisfactorios. Estoy seguro de que este punto del pacto habría ido por esta línea y no habría supuesto un problema para nosotros.
-¿Cuántos centros educativos nuevos hacen falta en Balears?
-Presentaremos un plan pronto. Llevamos demasiado tiempo con una inversión insuficiente en infraestructuras educativas y ahora nos encontramos una situación difícil. En este primer año de legislatura tenemos un centro nuevo en marcha, en octubre esperamos poder licitar el nuevo instituto de Santa Maria y a principios del año que viene queremos poner en marcha el de Formentera. Nuestro objetivo sería poner en marcha dos o tres centros nuevos por año.
-¿Cuántas aulas prefabricadas habrá este curso?
-No las hemos podido bajar, habrá 107 [el curso pasado empezó con 93]. Hemos tenido que instalar algunas más por la llegada de nouvinguts, pero mantenemos nuestro objetivo de llegar a final de legislatura con la mitad de las que nos encontramos, menos de 50.
-¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar un pacto educativo en Balears?
-Primero, la falta de cultura de pacto, especialmente en educación, que ha sido un ámbito muy ideologizado. Esto ha de cambiar. Cuando comenzamos en Illes per un Pacte, donde yo estaba, Ismael Palacín nos decía que teníamos mucha 'gimnasia' de Pacto. Hace falta tiempo, esfuerzo, y no marcar demasiadas líneas rojas, tener generosidad y visión a largo plazo.
-¿El tema lingüístico no es el que más posiciones encontradas genera?
-Es complicado, pero si se trabaja con un criterio educativo es más fácil. En Illes per un Pacte hay sectores de todos los tipos y se acordó la cuestión lingüística, no es imposible. Sí hay cosas que todos compartimos, como que se ha de tener bien claro que el catalán es la lengua propia de Balears y necesita una especial protección y apoyo, y que nuestros alumnos han de ser igualmente competentes en ambas lenguas cooficiales y en una extranjera. A partir de aquí es posible pactar.
-La plataforma Illes per un Pacte no está muy satisfecha con la gestión de la Conselleria y critica que apenas se les ha consultado sobre los distintos proyectos emprendidos, ¿es una decisión política -no consultarlo todo- o simplemente operativa?
-No estamos de acuerdo en que no se esté consultando. Los cambios de normativa importantes se consultan, como con la modificación de los currículums. Recibimos unas 400 alegaciones, que se revisaron y muchas se incorporaron, pasó por todos los fórums... No hay falta de diálogo. Este mes pondremos en marcha la mesa de diálogo con los directores y ya está la de padres, que es verdad que tendríamos que activar más. Se consultan lo suficiente las decisiones educativas. Por otro lado, la Administración ha de administrar y ha de aplicar la política educativa. Estamos a la espera de que se trabaje sobre el texto de Illes per un Pacte en el Consell Escolar, texto que hemos hecho nuestro. Y hemos mantenido varios contactos con Illes per un Pacte para constatar que nuestras líneas de actuación se ajustan al texto.
-La Assemblea de Docents asegura que en casi medio centenar de centros habrá ratios ilegales, con más niños por aula de lo permitido por la ley, ¿es cierto?
-Discrepamos. Primero, la Administración desde el primer momento ha trabajado para bajar las ratios: ya el curso pasado mandamos 60 profesores para eso y para éste, según lo pactado en el Acuerdo Marco, hemos bajado las de 4º de Infantil y de media habrá un máximo de 19 alumnos. La ley marca hasta 25, que puede aumentarse un 10% por necesidades de escolarización repentinas. Es verdad que tenemos algunos grupos por encima de 25, pero dentro de ese límite del 10%, y si se supera ese límite se desdobla la clase o se envían profesores de refuerzo. La Assemblea considera ilegal que ese aumento del 10% se mantenga en cursos sucesivos. Si cuando los niños se escolarizaron se aumentó la ratio por necesidad de escolarización, con el tiempo esa necesidad se mantiene. Para los grupos nuevos que creamos, no tenemos en cuenta ese 10% salvo que sea necesario por la llegada de nouvinguts, decisión que es competencia de la Administración.
-Para la Assemblea la lucha continúa, ¿cree usted que hay motivos?
-Depende de qué se entienda por lucha. Cada entidad es libre de plantear su voluntad de mejora de la manera que considere adecuada. Como dijo el conseller, para la Conselleria la lucha continúa también para mejorar los resultados. Creemos que el sistema está mejor que cuando llegamos, aunque hay mucho que mejorar.
"Así como se planteó, el trilingüismo que pactó el PSOE con C´s lo podríamos haber hecho sin problemas"
-Tuvo y llevó la camiseta verde, ¿la guarda en el cajón?
-La camiseta tuvo su sentido, representó una lucha en un momento muy complicado de recortes, imposición y falta de diálogo, algo que ahora no sucede, aunque entiendo que haya quien piense que aún hay que llevarla.
-El PSOE prometió en campaña llegar a invertir un 5% del PIB en educación, ¿llegaremos?
-No lo sé, ojalá. Tenemos una situación complicada, en general, por falta de financiación. El presupuesto de educación subió el año pasado y volverá a hacerlo el próximo y todos los años de la legislatura, no sé si llegaremos al 5% aunque es un objetivo que se mantiene, sino para esta legislatura para la próxima. Pero hasta que no cambie un modelo de financiación que nos obliga a endeudarnos, dejándonos menos margen para actuar en políticas reales, será difícil dar unos servicios de la calidad que merecen los ciudadanos de Balears.
-¿Sabe que hay gente del sector que le considera el conseller en la sombra?
-No, no lo había oído y no responde a la realidad. El conseller que tenemos es el líder de un equipo que funciona como un equipo, en el que además participan dos partidos políticos, lo que podría ser una dificultad añadida pero que estamos llevando muy bien gracias a una buena comunicación y porque el conseller lo lidera de una forma magnífica.
-Entre los sindicatos docentes hay cierta inquietud porque tienen la sensación de que en la Conselleria ha empezado 'la era de los directores' y recelan de que se les dé más competencias y margen de maniobra. ¿Qué papel cree la Conselleria que ha de tener el director?
-La única forma de que un centro funcione bien es que haya un proyecto compartido por todo un equipo de profesorado y la comunidad educativa, proyecto que los equipos directivos deben impulsar, liderar, catalizar y coordinar, no de una manera impositiva. Estos miedos de los sindicatos no están justificados. Queremos mejorar la formación, selección y evaluación de los directores para que sean los mejores, y que puedan contar con los mejores profesores y trabajar en una visión compartida. La dirección autoritaria o gerencial no funciona.
-Podemos aboga por ir reduciendo los conciertos, ¿es viable un sistema balear sin esta red?
-No es ni viable ni conveniente. Por un lado, más de un 35% de la enseñanza aquí es concertada, son más de 50.000 alumnos: 50.000 familias que eligen concertada, que es un realidad muy diversa, con centros religiosos, cooperativas de enseñanza, experiencias innovadoras muy interesantes, centros con una vocación de servicio social muy acusada... La diversidad en educación es inevitable y positiva. Nuestra prioridad, cómo no podía ser de otra manera, es la enseñanza pública, pero no podemos obviar ni tenemos intención de hacerlo que la concertada ha de participar en la mejora del sistema.
-José Antonio Marina trabaja en un documento de pacto educativo a nivel nacional y uno de los puntos es suprimir esas aportaciones voluntarias que se cobran en concertada y que a veces se convierten en cuotas encubiertas, algo ilegal. ¿Adoptarán medidas en este sentido aquí?
-Realmente han de ser voluntarias y en ese sentido no son ilegales. Si tenemos noticias de que lo que hace un centro no se ajusta a la legalidad interviene Inspección. Lo ideal sería que no se planteen ni como voluntarias, aunque es cierto que se ha de buscar un equilibrio entre la financiación de estos centros y estas cuotas, no puede haber un lucro detrás. Es una cuestión que tenemos previsto plantear al sector.
-Planean una nueva orden de conciertos, ¿cambiarán los criterios de concertación?
-Vienen marcados por normativa estatal: necesidades de escolarización, disponibilidad presupuestaria, y que haya demanda. Después son interpretables. La orden no introducirá grandes cambios, más allá de la duración de los conciertos, que la LOMCE amplía a seis años en Primaria y cuatro para el resto de niveles. Sí queremos revisar los módulos económicos, algunos son del 2008 y no se acaban de adecuar a la LOMCE. No habrá grandes cambios.
