El juez José Castro recabó ayer al ministerio de Defensa todo el expediente relacionado con los antiguos cuarteles palmesanos de Son Busquets y Automóviles, donde el constructor gallego Antonio Pinal, dueño del grupo Bruesa, planeó el año 2004 dar un pelotazo urbanístico. Pinal negoció con el ministerio de Defensa, cuyo titular era el socialista José Bono, con Jaume Matas, president del Govern del PP, y con Javier Rodrigo de Santos, edil de Urbanismo de Palma, también del partido conservador.
Según reveló el 15 de julio del 2014 Javier Rodrigo de Santos al fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Pinal le confesó que, a cambio del apoyo del PP a su proyecto en los antiguos solares militares, él pagó la sede de ese partido en la calle Palau Reial de Palma.
De Santos, que fue condenado en su día por malversación de caudales y corrupción de menores, es un testigo de cargo en la pieza separada 28 del caso Palma Arena, donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP.
Reuniones con Matas
El pelotazo frustrado de Bruesa en Palma se ha conocido gracias a la versión del exregidor de Urbanismo del PP. Antonio Pinal fue citado en 2015 como imputado en esta pieza separada del Palma Arena, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Sin embargo, el empresario sí que llegó a negar haber pagado sobornos al PP para su sede central.
De Santos explicó que existió el proyecto de urbanizar los terrenos de Son Busquets y Automóviles. La fórmula barajada era que el ministerio de Defensa cediera los solares; después se crearía una sociedad mixta de capital público y privado para hacer las viviendas.
El testigo de cargo añadió que Pinal le confesó que se había reunido con el president del Govern Jaume Matas y pactado con él que la sociedad mixta sería de mayoría pública (51% del accionariado) y que Bruesa tendría el otro 49% restante. La idea era adjudicar el proyecto a dedo mediante un convenio urbanístico y sin convocar un concurso.
Antonio Pinal presumía ante el concejal de Urbanismo de ser amigo del PSOE y del PP, partidos a los que habría financiado ilegalmente.
Pinal negoció también con los socialistas y, según relató a De Santos, mantuvo estrechos contactos con el mallorquín Joan Mesquida, entonces director general de Infraestructuras de Defensa.
El constructor añadió que Joan Mesquida le mandó una carta con los planes del ministerio para los antiguos cuarteles palmesanos. De acuerdo con Pinal, el director general le informó de la idea de urbanizar mediante una sociedad mixta, que se sacaría a concurso.
Pinal enseñó la carta de Defensa al regidor de Urbanismo en el despacho de Jaume Matas, a donde De Santos había sido convocado por el president, que dejó solos al edil y al constructor.
El testigo de cargo aseveró ante el fiscal anticorrupción y más tarde ante el juez José Castro, que él no era partidario de la adjudicación directa y que veía más adecuado convocar un concurso público abierto para que se presentaran las empresas que quisieran. De Santos también era partidario de que el ministerio de Defensa participara en el consorcio público de la urbanización.
Ofreció su dimisión
El concejal de Urbanismo aseguró que no le gustó nada la propuesta de Pinal y que él se ratificó en la conveniencia del concurso. La reunión en el Consolat de la Mar le produjo a Javier Rodrigo de Santos tal malestar que presentó verbalmente su dimisión a la alcaldesa del PP Catalina Cirer, quien no se la aceptó y, por el contrario, le animó a seguir en el cargo.
Finalmente se convocó un concurso al que se presentaron dos plicas: la de Bruesa y otra de un promotor apellidado Barceló. El testigo relató que ambas ofertas eran muy malas desde el punto de vista arquitectónico y el concurso se declaró desierto, con lo que Pinal no pudo hacer su gran negocio. El imputado Pinal habría confesado a De Santos que para conseguir el pelotazo de Son Busquets había pagado parte de la sede del PP en Palma.
Ahora el juez quiere saber cuáles fueron las relaciones de Bruesa con el ministerio de Defensa.
