Balears está atravesando una crisis en el acceso a la vivienda de los isleños debido a que el precio del producto que está en el mercado se ha quedado fuera del alcance de la mayoría de los residentes, según reconocen los presidentes de la asociación de promotores de Balears y del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas, Luis Martín y José María Mir respectivamente. El precio de estos inmuebles ha registrado durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 5% en el archipiélago frente a una media estatal del 3,9%, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las islas, eso supone una desaceleración frente a las subidas del 7% y del 8% de los trimestres anteriores, pero desde el sector se vaticina que las subidas de los próximos tres años se van a mover entre el 6% y el 8% e incluso podrían acercarse al 10%, agravando todavía más la situación.

Según el INE, y diferenciando por tipo de inmueble, el precio de la vivienda de segunda mano registró entre abril y junio un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de nueva construcción alcanzó el 5,5%. En el primer caso, supone situarse claramente por encima de la media estatal, donde ese encarecimiento ha sido del 3,2%, mientras que en la nueva la subida balear es inferior a la media española, del 8,4%, aunque en este caso hay que advertir de que durante los trimestres anteriores el encarecimiento en el archipiélago había sido muy superior al resto del país, hasta el punto de llegar a rozar el 10%.

Según señalan Luis Martín y José María Mir, el problema que existe en Balears es evidente, y en buena medida se debe al boom turístico que se vive y al éxito de los alquileres vacacionales, que hace que muchas de las compras de pisos de segunda mano que se están realizando no tengan un objetivo residencial, sino inversor, dado que lo que se busca es alquilarlas posteriormente a extranjeros para obtener una rentabilidad mínima de un 5% o un 6% en un momento en el que los bancos apenas ofrecen nada por sus depósitos. Esto está haciendo que los precios de la vivienda usada estén registrando importantes incrementos, especialmente evidentes en zonas como el centro de Palma o el litoral.

Pero esta situación se va a seguir agravando al menos durante los próximos tres años, según vaticina José María Mir, al ser un plazo en el que se da como seguro que el éxito turístico de las islas se va a mantener debido a los graves problemas que se registran en otros países del Mediterráneo.

En el caso de la vivienda nueva, la situación presenta también el cariz de la fuerte demanda extranjera existente, pero muestra un fenómeno algo más complejo, según subraya Luis Martín. En este apartado, el problema radica en que la normativa urbanística y el elevado precio del suelo hacen inviable la edificación de inmuebles a precio asequible para residentes, y la inmensa mayoría de los proyectos que se ponen en marcha están pensados para compradores de elevado poder adquisitivo que pueden asumir desembolsos de 400.000 euros o más por una residencia.

Según lamenta el presidente de los promotores, la normativa urbanística hace muy difícil sacar al mercado viviendas de 50 metros cuadrados a un precio de unos 150.000 euros que son los que actualmente reclaman los posibles compradores jóvenes.

En concreto, si un promotor quiere aprovechar la edificabilidad máxima de los terrenos que compra, se ve obligado a levantar viviendas de al menos 90 metros cuadrados y a fijar precios que se acercan o superan los 270.000 euros, para los que apenas hay demanda en estos momentos por parte de los residentes por la sencilla razón de que la mayoría no pueden asumir estos costes.

Eso explica que la demanda se este volcando actualmente en la segunda mano y el alquiler, lo que a su vez está impulsando sus precios hacia arriba. El resultado es que los jóvenes isleños, que mayoritariamente están abocados a salarios mileuristas, no pueden asumir el tener que destinar al pago de alquileres o hipotecas más de un 60% de lo que ganan.

Pasividad de la Administración

Los dos representantes del sector inmobiliario balear señalan que esta crisis de acceso a una primera residencia está adquiriendo importantes proporciones en el archipiélago, sin que las Administraciones públicas estén tomando ninguna medida para paliar esta situación, y Luis Martin advierte de que "para cuando se ponga en marcha una reforma de la legislación urbanística de las islas, el mercado nos habrá pasado tres veces por encima".

Otra advertencia, esta vez por parte de José María Mir, es la imperiosa necesidad de que el Govern regule el alquiler vacacional, por considerar que no se puede mantener esta actividad en un limbo legal a la vista de las enormes dimensiones que está adquiriendo.