Dicen que la saturación turística que tanto "agobia" durante este verano no es culpa suya y quieren contribuir legalmente a una sociedad que hoy les prohibe alquilar a viajeros. Los propietarios de apartamentos dedicados hoy de forma ilegal al alquiler turístico se reivindican con una cifra contundente: aseguran que aportan unos 3.000 millones de euros al año a la economía balear, el 11% del Producto Interior Bruto, cálculo al que llegan midiendo toda la actividad que hoy no está regulada, la que opera en las sombras, condenada por una ley enrevesada que, en resumen, prohibe arrendar a turistas en edificios plurifamiliares.
Pero lo hacen. Y mucho: según las estimaciones de Aptur, la asociación que agrupa a este tipo de oferta, en la actualidad el 33% del negocio vive al margen de la ley. Llegan al dato tomando información oficial del Instituto Nacional de Estadística y del estudio económico Impactur, fuentes que les sirven para detallar que el año pasado hubo en las islas 21,2 millones de pernoctaciones "fuera del marco normativo". Es el alojamiento que ofrece ese 33% de actividad hoy ilegal en Balears, donde se puede arrendar un piso por el período que se quiera, pero con una salvedad que en la práctica excluye el negocio vacacional: no se pueden publicitar en canales turísticos.
La cláusula se carga de un plumazo todos los portales turísticos tipo AirBNB, las webs que están detrás de la multiplicación del alquiler vacacional en edificios plurifamiliares y residenciales. De hecho, según el informe presentado ayer por Aptur, el crecimiento es tal que en las islas hay 45.775 establecimientos de vivienda vacacional, de los que solo 14.243 están regulados. El resto, 31.532 viviendas con más de 126.000 plazas, operan al margen de la legislación, expuestos a multas como las que de facto impone Turismo.
Convivencia y "envidia"
Por todo ello, en Aptur, que agrupa a 7.000 propietarios de viviendas vacacionales, urgen al Govern a que actúe de una vez y legalice su actividad. El presidente del colectivo, Antonio Estarellas, asegura que ya hace un año le entregaron a la Conselleria de Turismo una propuesta y aún siguen esperando. "Exigimos una regulación inmediata que defina lo que es turístico y nos dé seguridad jurídica para operar sin estar demonizados", afirma Estarellas, que reconoce que el alquiler en edificios residenciales ha generado "algún problema de convivencia, aunque también hay mucha envidia". Y sostiene que "el agobio" por exceso de turistas es también responsabilidad del aumento de plazas hoteleras en ciudades como Palma y de la presión creciente de cruceros.
¿Qué parte de la saturación es culpa del alquiler ilegal ? Pues solo las plazas que se vendan de más en una vivienda, dice Estarellas, que pone el ejemplo de quien tiene un apartamento en el que figuran cuatro personas de capacidad en la cédula de habitabilidad pero luego alquilan a diez turistas a la vez. "Eso no puede ser", censura. Pero al resto del alquiler, por muy ilegal que hoy sea, dice, no se le puede acusar de la saturación, que Estarellas atribuye también a unas infraestructuras que no están dimensionadas para asumir que las viviendas hoy existentes estén ocupadas. "Hay muchas causas, pero se nos ha demonizado a nosotros, que lo que queremos es que se regule un negocio que crea muchos empleos, reparte el turismo y activa la economía en pueblos del interior que no tenían ni comercios. Por eso nos apoyan todos los sectores. Comercio, restauración, taxis, salas de fiesta dicen que sus negocios van mejor con el alquiler", defiende Estarellas, que ofrece un dato perfectamente contrario al de los hoteleros: mientras en los hoteles defienden que ellos generan más empleo, en Aptur afirman que por cada 100 estancias de alquiler se impulsa un 24% de trabajo indirecto, frente al 14% de cien estancias de hotel. La lucha por el negocio del alojamiento continúa.
