En la Mallorca de la saturación veraniega, la playa no solo suda por exceso de toallas y turistas. Ni por su horizonte repleto de barcos y mástiles. No. Que en la isla de los excesos no solo invaden la arena desde esos yates gigantes de lujo que desembarcan hamacas y agentes de seguridad para custodiar y acomodar a los navegantes de chequera más generosa. En la Mallorca de la saturación récord y la caja registradora llena, a las playa le sobran hasta hamacas y sombrillas. De las de pago, vaya. Ocurre en muchas pequeñas calas y playas medianas, en las que sistemáticamente se incumple la prohibición de que el espacio ocupado por sombrillas y camas de alquiler supere el 50% de la superficie playera. El exceso es tan habitual que se repite incluso en los parques naturales, donde la vigilancia medioambiental es constante, pero el cumplimiento de la normativa no tanto. De ahí denuncias públicas como la que ya está en marcha en el parque natural de Mondragó: la Conselleria de Medio Ambiente del Govern ha abierto un expediente contra la empresa que explota la playa de ses Fonts de n´Alis, en la que documentan excesos flagrantes en el despliegue de tumbonas y hamacas para su explotación comercial.
No son una, ni dos colchonetas de más: según el expediente documentado por los agentes de Medio Ambiente del Govern, en el arenal están autorizadas 35 sombrillas, cuando en realidad cubren la arena un total 57. Y eso es un 62,8% más de lo permitido, que se repite con las tumbonas: la concesión contempla 70 hamacas, pero la empresa ha desplegado 114, concreta el informe de Medio Ambiente, en el que se adjuntan fotografías que prueban el exceso de presión turística en un entorno natural protegido, este verano reconvertido en ensalada de cuerpos al sol.
De ahí el expediente, que no es directamente sancionador por una razón política: las competencias costeras están en manos del Estado, cuya Demarcación de Costas debe ahora fijar la multa por el exceso. Que encima es reiterado: hace un año, Medio Ambiente detectó en la misma playa que el número de sombrilla excedía en un 34% lo autorizado, mientras que el de hamacas se pasaba un 42%. ¿Habrá sanción? Compete a Costas, aunque en colectivos ecologistas se temen el castigo habitual: ninguno. Tampoco son muy optimistas en partidos políticos como Més, que gestiona las consellerias de Turismo y de Medio Ambiente en el Govern, y exigen que, como mínimo, se haga cumplir la ley.
En Madrid no hay playa
Y para que la inacción no se repita piden más: quieren que las competencias sobre la gestión y protección del litoral sean autonómicas. El objetivo es estrechar el cerco contra el infractor desde la sensibilidad de quien mejor conoce el problema: la sociedad balear. "Es que es absurdo que la costa de Balears se vigile desde Madrid", argumenta el diputado y portavoz parlamentario de Més, David Abril, que da un detalle que sirve para explicar tanto la reiteración en los excesos cometidos desde yates como la proliferación de abusos en tierra de las empresas concesionarias de las hamacas y las sombrillas: hay cuatro inspectores de Costas para todas las islas y sus 1.428 kilómetros de costa.
Por eso las pocas denuncias que se tramitan suelen partir de los agentes medioambientales del Govern balear, que vigilan solo parques naturales como Cabrera o Mondragó. Los abusos que en esos recintos de especial protección se denuncian son ignorados en el resto de la costa. ¿Solución? Més tramita estos días una Proposición No de Ley para que se cumpla el Estatut d´Autonomía de Balears, según el cual, corresponde al Govern la concesión de autorizaciones para usar la costa, así como la vigilancia a través de una policía administrativa y la gestión de fondeos y obras en el litoral que no sean de interés general. O resumido: que las islas se encarguen de vigilar y proteger su costa y sus playas, claves además para el éxito turístico de un archipiélago hoy saturadas hasta de sombrillas de pago.
La invasión de Cabrera
La reclamación de Més, que es a la vez objetivo del Govern, ha ganado fuerza en las últimas semanas. Tres episodios relacionados con excesos costeros han aumentado la presión al respecto. El primero lo leyeron en este diario, que describió la ocupación de la playas de es Carbó desde el yate de lujo de un jeque, que se otorgó a sí mismo el disfrute exclusivo de las dunas, donde llegó a desplegar guardias privados para acotar el perímetro. El segundo también lo publicó Diario de Mallorca: fue la toma de la playa de Cabrera desde tres yates de lujo de entre 37 y 60 metros, que desplegaron para uso privado hamacas y sombrillas en un parque natural tan protegido como el de Mondragó, en un desembarco y ocupación ilegal de la playa que ya se había producido este verano en playas de Menorca, Eivissa y Formentera . Y el tercer ejemplo de esta batalla contra los excesos lo ha explicado al detalle el periódico hermano de Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, que ha denunciado durante todo el verano los fondeos no autorizados de grandes yates en zonas de posidonia protegidas.
Al final se fueron. Sin multa, claro. Y solo después de que biólogos documentasen el destrozo de más de 200 hectáreas de posidonia en la zona en los últimos años. Mientras tanto la Autoridad Portuaria de Balears negaba el problema hasta el punto de decir que los cuatro barcos de hasta 95 metros visibles este agosto desde la ciudad de Eivissa y geolocalizados por GPS y cámaras de turistas y profesionales no estaban allí. Y si lo estaban, su supervisión no era prioritaria.
Ahí, en el exceso privado y la negligencia pública, nacen las exigencias de competencias ahora ejercidas por la Demarcación de Costas y la Autoridad Portuaria de Balears, instituciones ambas dependientes del Ministerio de Fomento. "La ocupación privatizadores de las playas públicas por parte de los turistas de grandes yates de súper lujo se está convirtiendo en habitual. Con impunidad total, desembarcan y acotan espacios para sus fiestas glamurosas, habitualmente custodiadas por matones de su seguridad privada, que se encargan de amenazar y expulsar a los los bañistas que cometen la osadía de aproximarse", denuncian en Esquerra Unida, donde subrayan que estos usos están prohibidos por la Ley de Costas, pero aún así quienes la incumplen "en muy pocos casos son ´molestados´ por las autoridades que debería de velar por el cumplimiento de la normativa".
Algo parecido dicen en Podemos y en Més, que exigen por ello la transferencia de competencias a Balears, tras constatar en Mondragó cómo la vigilancia del Govern a través de la Conselleria de Medio Ambiente no se traduce luego en multas ejemplares por parte de quien tiene la capacidad de imponerlas, el Estado, su Demarcación de Costas y su Autoridad Portuaria. En la Mallorca de la saturación, lo único que no hay en exceso son multas a quien satura.
