El alquiler turístico ilegal es práctica habitual en estas Balears del boom vacacional y la saturación turística. Aunque la situación es más delicada en Eivissa y Formentera, donde el lucrativo arrendamiento a veraneantes ha reducido tanto la oferta de alquiler para residentes que muchos trabajadores se han visto obligados a renunciar a sus empleos (en algunos casos de funcionario) por no poder afrontar con sus salarios el coste de alquilar en Eivissa. Algo de ese fenómeno se intuye en los datos facilitados por la Conselleria de Hacienda, que revelan que sobre todo ha aflorado oferta ilegal en Eivissa y Formentera, donde casi la mitad de las viviendas inscritas como turísticas están en edificios plurifamiliares en los que está prohibida la actividad turística.
En Eivissa, están en esa situación 370 de las 957 viviendas vacacionales registradas, el 39%. Y en Formentera, el 46% del alquiler vacacional se hace en pisos al margen de la ley actual, que el Govern ha prometido actualizar antes de que acabe el año, precisamente para acabar con una situación que hace que la mayor parte de los arrendamientos a turistas se hagan ilegalmente y sin pagar impuestos. En el caso de Mallorca, de los 6.403 alquileres vacacionales en los que se recauda la ecotasa, apenas 904 están en edificios plurifamiliares. Eso es un 14% del total, que se eleva al 21% en el caso de Menorca.
La mayor parte del negocio de alquiler sigue sin embargo fuera del control de Hacienda y sin recaudar la ecotasa, como por otra parte aconsejó la asociación representa a los propietarios de pisos de alquiler, APTUR, que aconsejaban no inscribirse, revelando de paso una actividad que hoy por hoy la ley ilegaliza en estos caos.
