El juez de instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha dictado el auto de apertura de juicio oral para ocho personas, tres de ellas exaltos cargos del Consell de Mallorca, por desviar unos 293.000 euros para hacer campaña en favor de Unió Mallorquina (UM) en las elecciones autonómicas de 2007.

El magistrado ha dictado un auto en el que decreta la apertura de juicio oral de esta pieza separada del llamado caso Maquillaje para el exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteras; la jefa de programas de su departamento, Coloma Munar; la secretaria general de la Vicepresidencia del Consell, Eugenia Cañellas, otras cuatro personas vinculadas a asociaciones de inmigrantes y un empresario.

Además requiere fianzas para los ocho acusados, que suman en total 293.495 euros. Lliteras, Munar y Cañellas deberán prestar 239.830 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias a favor del Consell de Mallorca.

El juicio es por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad por parte de funcionario y falsedad mercantil.

El beneficiario final de todos los presuntos delitos era el extinto partido UM, puesto que la presunta trama que se juzgará tenía como finalidad captar el voto para la formación regionalista.

Las acusaciones consideran que Lliteras, Munar y Cañellas se concertaron para destinar dinero del Consell de Mallorca a premiar a personas e instituciones que realizaban labores de proselitismo, captación de voto y difusión del programa del partido y a financiar la organización de eventos, en su mayoría de casas regionales o asociaciones de inmigrantes, con el fin de captar votos.

Actuaban de acuerdo con otras cuatro personas, dirigentes de entidades de inmigrantes hispanoamericanos, que se beneficiaban de encargos de trabajos ficticios por los que recibían fondos públicos y que facturaban en falso para justificar cobros compensatorios por su labor o para financiar actos proselitistas en favor de UM que no tenían ninguna utilidad pública.

También está acusado un empresario que aceptó cobrar una deuda facturando por un concepto en falso al Consell por un trabajo inexistente en un evento dirigido a inmigrantes.

Entre los expedientes fraudulentos llevados a cabo por iniciativa de los tres exaltos cargos imputados hay pagos para la organización de un concurso de Miss Baleares Argentina, para excursiones y visitas a museos no realizadas, para fiestas de asociaciones de distintas nacionalidades y celebraciones del Día de la Madre, entre otras.

Dos de las acusadas fueron contratadas por el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) en calidad de encuestadoras, pero realmente trabajaban en la propia sede del Consell de Mallorca organizando actividades de captación del voto para UM.

Otro de los colaboradores de UM acusados, que fue presidente de la Federación Argentina de Mallorca, llegó a cobrar parte de sus servicios a través de una tarjeta de un supermercado mayorista que le cedieron Lliteres y Munar.

Contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso, excepto en lo relativo a las fianzas decretadas.