El Consell Consultiu ha emitido un duro dictamen sobre el decreto de medidas extraordinarias y urgentes por la sequía que ha elaborado la Conselleria de Medio Ambiente. En él, el alto órgano jurídico desautoriza que el Govern pueda proceder a expropiar pozos o la privación de derechos adquiridos sobre el caudal de agua sin indemnización.
Del mismo modo, le censura que quiera adoptar medidas para regular el dominio hidráulico mediante un decreto por la vía de urgencia y le recuerda que este tipo de regulaciones se debe realizar mediante un plan específico.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los consellers del Consultiu y la ponente fue la profesora de Derecho Constitucional de la UIB Maria Ballester.
El dictamen lanza toda una serie de consideraciones a modificar en el decreto, calificadas de "esenciales" para su validez jurídica. En primer lugar, apunta que la adopción de medidas urgentes por la sequía no pueden ser las mismas durante todo el año, ya que la intensidad de la misma varia en función de la estación. "La propuesta normativa -reza el dictamen- debería contemplar, tal y como prevé el Plan Hidrológico, un régimen jurídico diferente en función del índice existente, contemplando unas medidas más exigentes durante la situación de alerta y una suavización de las medidas durante el resto del año".
El decreto del Govern contemplaba como una de las causas de actuación la sobreexplotación de los acuíferos a raíz de la sequía y como causa de la emergencia. No obstante, el alto órgano jurídico censura esta medida al considerar que la Conselleria de Medio Ambiente se ha excedido al intentar ordenar medidas de mayor calado con un simple decreto: "La declaración de que los recursos hídricos están sobreexplotados supone la ordenación de unas medidas que no pueden ser estrictamente urgentes y provisionales. Implica la adopción de unas previsiones más estables -un Plan de Ordenación- para la recuperación de acuíferos o unidades hidrológicas", apunta el Consultiu.
El alto órgano jurídico va más allá en esta consideración y le recrimina al Govern su falta de coherencia: "No resulta coherente con el objeto y la finalidad de un decreto de urgencia el invocar ahora a las disposiciones que regulan la sobreexplotación de los acuíferos porque este no es el objeto de la disposición. Por todo ello, se deben suprimir de la redacción las referencias a los artículos de la Ley de Aguas que lo regulan".
El Govern basó el fundamento jurídico para impulsar el decreto de medidas urgentes por la sequía en el Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLA), cuando desde el Consultiu consideran que debería haberse basado en el Plan Hidrológico de Balears que ya contempla la posibilidad de adoptar medidas excepcionales.
También el Consell Consultiu recrimina a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Vicenç Vidal que no presente un plan con el impacto económico para la sociedad del decreto de medidas y se limite a evaluar el impacto presupuestario.
