Lleva un año presidiendo los servicios sociales del Consell de Mallorca y la oposición ya ha pedido su dimisión. Margalida Puigserver (Algaida, 1974) fue número dos de Més en las pasadas elecciones al Consell y ahora lidera la conselleria insular de Bienestar y Servicios Sociales del Consell y preside el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Bajo su gestión quedan las residencias de personas mayores y dependientes, los centros de menores, el apoyo a los servicios sociales de los ayuntamientos o las políticas de igualdad de la institución insular. Todo ello, en un área eclipsada por la conselleria de Servicios Sociales del Govern, con la que no deja de trabajar. Las críticas le han llegado por dejar seis meses a los centros de menores sin contrato, un hecho del que ella defiende que “ha dado la cara” y que “quitando este hecho” el balance de su primer año “es positivo”.
-Un año en el cargo y la oposición ya ha pedido su dimisión.
-La falta de licitación de los centros de menores nos ha hecho salir muy en negativo. Sin embargo era un tema administrativo. Pero claro, la oposición lo ha aprovechado para dar caña. Han hecho su papel aunque ha habido mucha demagogia, sobre todo Catalina Cirer, que conoce estos procedimientos. Mi responsabilidad no era dimitir sino dar la cara. El balance, quitando este hecho, creo que es positivo.
¿Qué ocurre para dejar a las entidades que gestionan los centros de menores sin contrato?
-Hubo un error en el precio por plaza. Tenemos un convenio con los precios establecidos y se aplicó un precio erróneo, que era más bajo y que hacía que a las entidades contratadas no les salieran los números. Pero los pliegos salieron en tiempo y forma. Los publicamos en diciembre y el plazo acababa el 31 de enero. Cuando nos dimos cuenta del fallo nos sentamos con las entidades para negociar los precios y hemos vuelto a sacarlos.
-Han recurrido durante cinco meses a créditos extraordinarios por la falta de licitación.
-Y habrá que hacerlo otra vez en septiembre. Son una fórmula legal: recibimos una factura, la validamos y la pagamos. La maquinaria del IMAS ha pagado a tiempo a las entidades para que los niños no quedaran descubiertos, que era lo que siempre me cuestionaba el conseller Antoni Pastor.
-Ya estarán preparando los presupuestos del Consell. ¿Han pedido más dinero?
-Nosotros haremos la carta a los reyes y pediremos una subida igual a la del año pasado, que fue de un 8 por ciento. Nos han pedido que limitemos los gastos sobre todo en cuanto a personal. Deberemos ser más contenidos pero nos gustaría seguir creciendo. Por ahora no puedo decir cantidades.
-Este año el Consell ha tenido 30 millones de superávit.
-Efectivamente, por eso vamos a pedir que nos den la parte que nos toca. Todas las áreas hemos aportado al superávit. Lo que pasa es que el año pasado muchas áreas renunciaron a subidas en favor de Servicios Sociales porque era la prioridad y aumentamos once millones. Con crecer esa cantidad estaríamos muy contentos.
-Ya ha anunciado su voluntad de dos nuevos centros de menores. ¿Algún otro proyecto?
-Nos gustaría poder mejorar el plan de prestaciones básicas, reforzar la parte de inclusión social y combatir la pobreza sobrevenida. Para esto último ya hemos pedido un millón de euros más. Los ayuntamientos nos han dicho que si nosotros aportamos, ellos también harán un esfuerzo. Por cada 5.000 habitantes debe haber un trabajador social, dos educadores de calle y un administrativo y ahora mismo en muchos municipios esto no se cumple.
-Ahora que el Govern otorga la renta social garantizada, ¿qué futuro le espera a la renta mínima que abona el Consell?
-En gran parte irá desapareciendo. Quedará para casos de gente sola que necesita un itinerario de reinserción, personas sin recursos y que se les ayuda con planes de formación y con un seguimiento. La renta social es diferente, es un derecho básico para personas sin recursos, y ahora lo han empezado a recibir familias. Nosotros nos quedaremos con personas solas, mayores de 45 años con dificultades de inclusión, lo que nos permitirá especializar la renta mínima.
-¿Cómo le explica al ciudadano que haya una conselleria de Servicios Sociales en el Govern y otra en el Consell?
-Que haya una conselleria de Servicios Sociales en el Govern es importante porque su labor es suprainsular, para que haya igualdad en los servicios que perciben todos los ciudadanos de las islas. Cada isla desarrolla luego sus políticas y aquí tenemos el IMAS con una estructura muy potente. Nosotros desplegamos las leyes que desarrolla el Govern. La renta social garantizada la seguirá gestionando el Govern porque es un trámite más ágil y que no requiere de un seguimiento.
-Luego están los servicios sociales de los ayuntamientos.
-Hay que acercar los servicios a las personas. Las Unidades de Trabajo Social (UTS) de los municipios deben ser quienes digan a los ciudadanos a qué servicio acudir y que luego intervenga el Consell o el Govern.
-Entre sus compromisos de gobierno está reducir las listas de espera de las residencias un 50 por ciento. ¿Lo conseguirán?
-Creo que sí, que podemos. De momento han bajado de cerca de 1.500 ha pasado a 1.016 que había a finales de julio. El tema es que donde hay más necesidad es en Palma. Por eso el Govern está negociando con los ayuntamientos de Palma y Marratxí para tener solares y empezar a construir dos nuevas residencias, que pueden costar cada un 6 o 7 millones de euros. Todo depende de la financiación que nos llegue y ahora estamos pendientes de lo que ocurra con la formación de Gobierno en Madrid.
-La consellera de Servicios Sociales del Govern, Fina Santiago, dijo que harían falta 6 residencias en Mallorca. ¿Las veremos esta legislatura?
-En esta legislatura lo veo complicado. Pero sí que podemos ir concertando plazas para dependencia como ha ido haciendo el Govern. Por otra parte, lo que estamos haciendo en 14 municipios de la isla como prueba piloto es la ayuda a domicilio. Los ayuntamientos nos dicen que mucha gente no quiere ir a una residencia, quiere quedarse en su casa, es gente que tiene familia y que solo necesita un refuerzo para ayudarles. Eso es lo que ahora queremos hacer, ampliar auxiliares que puedan ayudar al familiar que cuida. Eso puede descongestionar las listas de espera para residencia.
-Ahora se debe decidir a qué se dedica el impuesto turístico y, precisamente, Podemos impidió que pudiera ir para construir nuevas residencias.
-No entiendo por qué Podemos tomó esa postura. Ellos se centraron en la parte medioambiental pero pienso que una parte debería ir a los servicios sociales porque es calidad de vida para los ciudadanos. Fue una lástima.
-Los mallorquines han llegado a ubicar el IMAS por las familias acampadas delante de su edificio por la tutela de sus hijos. ¿Tienen muchas quejas por la custodia de menores?
-Son muy pocas. No debería haberse permitido que se prolongara tanto tiempo esa situación. Les escuchamos pero hay cosas que son los técnicos quienes conocen cada caso y nosotros apoyamos a nuestros técnicos. Al final tuvimos que ir a la policía para pedir una orden de alojamiento para proteger a los técnicos, que se sentían acosados cada día a su llegada con carteles e insultos.
-Estos padres denunciaban que les quitaban a sus hijos por motivos económicos.
-Hay muchas cosas más. Si hay una familia sin recursos les ayudamos para que eso no pase. Retirar la tutela es el último recurso y por ello hemos triplicado las ayudas a familias para poder pagar el alquiler, la luz o la compra. Si se retira la tutela a unos padres es porque hay algo más, porque les han pegado o porque están incapacitados para educarles.
-Cuando los menores llegan a la mayoría de edad y dejan la tutela de la administración se les da una paga por debajo de los 500 euros. ¿Es suficiente?
-No los dejamos en la calle con 400 euros. Esos niños hasta esa edad están en centros o en familias de acogida. Los de las familias siguen en ella aunque reciban la prestación y los que están en centros siguen en planes de las entidades de pisos compartidos que les permiten dedicar esa ayuda a sus estudios o formación. Hay un acompañamiento posterior. No les dejamos en la calle con una mano delante y otra detrás.
-La regulación del alquiler turístico se retrasa y sigue aumentando el precio del alquiler residencial. ¿Tienen un plan por si acaba ocurriendo como en Eivissa, con familias sin acceso a la vivienda por los alquileres?
-Esto ya está pasando en Mallorca, en Alcúdia, en Pollença... Tiene que haber un alquiler social. En septiembre nos sentaremos con Govern y el Ayuntamiento de Palma para encontrar una solución. En Barcelona ya han conseguido pisos de los bancos para alquiler social. Por ahí podremos encontrar solución.
-Otro de los compromisos del Pacte en el Consell es que no queden familias sin agua y luz por no poder pagar las facturas.
-Hemos triplicado las ayudas para estos casos de pobreza energética. Firmamos un convenio y se han repartido 950.000 euros a los ayuntamientos para que paguen las facturas de las familias con este tipo de problemáticas.
-Este año Mallorca ya ha igualado su peor registro de víctimas mortales por violencia de género. ¿Qué está pasando?
-No lo sé. Igual la situación de crisis que lleva a las familias a situaciones extremas les llevan a esto. Suelen ser familias desestructuradas. No creo que haya más machismo que antes. Hay que hacer un trabajo importante de educación y de prevención. Es muy complicado la verdad.
