El Govern balear, el Parlament y el Ayuntamiento de Palma siguen sin publicar sus contratos. Según el último análisis de Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP), las principales instituciones de Baleares incumplen la normativa legal sobre contratación.
Es la principal conclusión del estudio realizado el pasado mes de julio por esta entidad internacional, que persigue la transparencia en los organismos públicos para combatir la corrupción.
La única institución pública que aprueba es la UIB, que cumple con la normativa. Ya lo hacía en el anterior análisis de febrero de este año y vuelve a aprobar en este último realizado en julio.
El incumplimiento no es exclusivo de Baleares, ya que tan solo Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco cumplen con la normativa sobre transparencia.
Mejora de 2010 a 2014
Datos más positivos son los que ofrece el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU), también elaborado por Transparencia Internacional y que muestra una clara mejora en la evolución de las puntuaciones obtenidasentre 2010 y 2014.
En 2010, Baleares obtenía los peores resultados respecto a las demás comunidades autónomas, con una puntuación de tan solo 47,8 sobre 100 en el área de transparencia económica-financiera. En 2014 esta cifra se elevaba hasta 84,6. Lo mismo ocurre con la transparencia en contrataciones de servicios y suministros, con una valoración del 37,5 en el análisis de 2010 y una remontada hasta el 100,0 en 2014.
Los malos resultados en transparencia del año 2010 coinciden con el final del período del Govern de Francesc Antich y la mejora en estos índices se muestran durante la legislatura de José Ramón Bauzá. Las mejoras en este último trabajo corresponden con la declaración de bienes que realizó el anterior president y su equipo, con el fin de desvincular y limpiar la imagen del partido que dejó Jaume Matas.
Para este indicador se evalúan una serie de áreas. La primera corresponde con la transparencia activa de la administración: toda la información pública sobre cargos, personal y retribuciones; además de la planificación y organización del patrimonio de las instituciones. La segunda área se ocupa de la página web, la atención ciudadana, la sociedad y la participación ciudadana. La tercera se encarga de la transparencia económica, con una información contable y presupuestaria de los ingresos, gastos y deudas de la comunidad. La cuarta trata sobre transparencia en las contrataciones y subvenciones. El penúltimo punto cubre la transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras púbicas mientras que la sexta y última área trata el derecho de acceso a la información, la visibilidad, canales y características del acceso a esa información pública, además de reclamaciones y evaluaciones del derecho de acceso.
