La fiscalía de Palma pretende que los controladores aéreos del aeropuerto de Son Sant Joan, que en el mes de diciembre de 2010, iniciaron una movilización no autorizada que provocó un auténtico caos aéreo, paguen de su bolsillo las consecuencias económicas que tuvo esta actuación del colectivo. La denuncia que en su momento se presentó contra los trabajadores de la torre de control del aeropuerto mallorquín se continúa instruyendo en el juzgado de Palma. Aunque inicialmente la causa por el delito de sedición fue archivada por la entonces magistrada de este juzgado, fue la Audiencia la que ordenó que el caso se abriera de nuevo y se solicitara, entre otras cosas, un informe al forense para determinar el estado de los controladores en el momento de la movilización. La juez que acordó el archivo ya no se encarga de este caso y el actual titular del juzgado no coincide con el criterio de su antecesora. El magistrado sí aprecia indicios de delito y tiene previsto sentar en el banquillo a los responsables de esta supuesta huelga encubierta que protagonizaron estos trabajadores. Pero antes de acordar esta decisión, el juez esperará a que la fiscalía se pronuncie. En su momento el fiscal ya se opuso al archivo de la causa y ahora, una vez ganado el recurso, tiene decidido presentar cargos contra los trabajadores de la torre que ese día, alegando una indisposición, decidieron abandonar el servicio diciendo que no estaban en condiciones para continuar trabajando.
Desde que se presentó la denuncia, por el juzgado han declarado medio centenar de trabajadores de la torre, la mayoría como imputados. No todos se sentarán en el banquillo de los acusados. El fiscal hará una criba y solo acusará a los que el día de la movilización estaban de servicio, así como a los que al día siguiente no acudieron a su puesto de trabajo.
Pero además de la pena de prisión o de multa, la acusación pretende que los trabajadores de Aena paguen los perjuicios económicos que provocó esta huelga encubierta. Miles de pasajeros se quedaron en tierra sin poder volar, debido a que el Gobierno tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo por falta de trabajadores. Esta coordinada movilización no se produjo únicamente en Mallorca, sino en todos los aeropuertos del país. Tuvo una mayor repercusión en los que tenían un mayor movimiento de aviones.
Calculando el dinero
Todavía no se ha concretado una cifra económica sobre los perjuicios que ocasionó esta movilización. Sin embargo, fuentes próximas al caso apuntan a que la cifra no será inferior a los cuatro millones de euros, ya que, entre otras cosas, se tendrá que sumar los miles de billetes que las compañías tuvieron que devolver a sus clientes, al no poder despegar sus pasajeros.
No solo se sienten perjudicados las compañías, sino también otros colectivos turísticos. La asociación hotelera de Mallorca está personada como acusación particular, ya que los establecimientos no pudieron recibir a cientos de clientes que tenían reservadas sus habitaciones, o tuvieron que prolongar la instancia de otras personas que no pudieron abandonar la isla.
Si el tribunal que atiende el caso acepta esta propuesta económica para que se indemnice a los perjudicados, es difícil que los controladores puedan alegar insolvencia económica. Los trabajadores de la torre de control tienen sueldos muy altos. Por ello, no se descarta que en un futuro se pueda ordenar el embargo de los salarios o del patrimonio personal, si lo tienen, de los trabajadores del sector aéreo. La fiscalía tiene previsto presentar en breve este escrito de acusación.
