Educación tendrá un servicio de salud propio para atender al profesorado a partir del próximo septiembre. Este nuevo departamento se creará debido a la aprobación el próximo mes del Decreto de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito educativo, una iniciativa que los sindicatos hace años que reclamaban y que el próximo curso entrará en vigor, al estar dentro de los puntos pactados en el Acuerdo Marco para 2016.
El objetivo es que este servicio atienda no solo a los docentes, sino también a todos los trabajadores que desarrollan su labor en los institutos y colegios, como el personal administrativo. Según la directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, se tratará de que también se incluya a los Auxiliares Técnicos Educativos (ATEs), las personas que se encargan de atender a niños con discapacidades y diferentes dolencias (de niños en sillas de ruedas o diabéticos) en los centros y que debido al tipo de trabajo que realizan suelen sufrir algunas lesiones de forma recurrente (como dolor de espalda causado por tener, en algunos casos, que levantar a peso a los niños o cargar con ellos).
"Cada empresa ha de ofrecer un reconocimiento médico a sus empleados cada cinco años", indica Sánchez, aludiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) aprobada en 2005. Hasta ahora los profesores y el personal no docente que querían pasar un revisión médica debían tramitarlo a través de Función Pública: la mayoría no la solicitaban y Educación por lo general no la ofertaba (sí tenía una coordinadora que atendía al personal del ámbito educativo en casos de embarazo o accidente laboral).
La creación del nuevo servicio de salud y prevención supondrá además la revisión de los centros educativos para evitar posibles accidentes laborales y realizar adaptaciones de trabajo si algún profesor o personal no docente lo requiere por temas de salud. Educación enviará este proyecto a los representantes de la comunidad educativa (familias, sindicatos, directores...) para que opinen y hagan sus aportaciones.
Cabe recordar que las dolencias de la faringe constituyen la única enfermedad profesional que se le reconoce al personal docente. Desde 2012, cuando se aprobó el decreto de medidas extraordinarias para reducir el déficit, los docentes -así como el resto del personal público- empezaron a cobrar menos los días en que estaban de baja, salvo si ésta se debía a una enfermedad profesional. Esta medida fue de las más contestadas desde el sector de la enseñanza, cuyos trabajadores recordaron que al estar en contacto permanente con niños están mucho más expuestos que otros profesionales a enfermedades infectocontagiosas, como la gripe, por ejemplo.
El Govern ha creado un grupo de trabajo para revertir estas penalizaciones salariales durante el periodo de baja en los distintos colectivos de trabajadores públicos afectados. Según lo firmado con los sindicatos en julio, este grupo se convocará durante los diez primeros días de septiembre para tratar los criterios de refenrencia.
