La Audiencia Nacional ha denegado el derecho de asilo a un ciudadano extranjero residente en Mallorca, que nació en Nigeria, que pedía protección porque se sentía perseguido por un grupo terrorista que actúa en su país. Mantenía que él era objeto de persecución porque profesaba la religión católica y no la musulmana.

Este inmigrante salió de Nigeria en el año 2013. Se subió a un autobús y atravesó Kaduna, el Chad, Marruecos y finalmente llegó en barco a Mallorca. El viaje duró tres meses. Por su condición de inmigrante ilegal, al llegar a la isla solicitó protección a la Cruz Roja. Después pidió que se le concediera la condición de refugiado político, puesto que si se le obligaba a regresar a su país, su vida corría peligro. Contó que en la región donde vivía en Nigeria actuaba un grupo terrorista conocido con el nombre de Boko Haram. Los seguidores obligan a los ciudadanos a que se sumen al movimiento terrorista y, si se oponen, los matan y destrozan sus casas. De hecho, el joven afirmó que su casa fue destruida por los terroristas, que además mataron a uno de sus hermanos. El inmigrante afirmaba que ya no le quedaba familia y que temía que le mataran. Señaló también que el grupo Boko Haram es un movimiento musulmán, que se encarga de perseguir a los cristianos y que sigue el mismo principio que Al Qaeda.

Este relato de la situación que padece la zona de su país donde vivía no ha convencido a las autoridades españolas, que se negaron a otorgarle la condición de refugiado político. Se detalla en la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma la decisión de Interior, de que este grupo terrorista no actúa en la zona geográfica donde residía el inmigrante. Además se detalla que el gobierno de Nigeria combate de forma organizada y sistemática a dicho grupo terrorista.

La sentencia destaca el hecho de que el joven comunicó esta historia una vez que ya se le había notificado la orden de expulsión. El tribunal llega a la conclusión de que no cabe en este caso aplicar las condiciones que establece la Convención de Ginebra para reconocer la condición de refugiado del ciudadano nigeriano. Por tanto, se confirma la decisión del Ministerio de Interior que instó la expulsión a su país.