Desde que se comercializaron en abril de 2o15 hasta el pasado mes de junio, el Servei de Salut ha dispensado un total de 1.106 tratamientos de acción directa contra la hepatitis C en las islas con un coste total de 42,3 millones de euros, revelaron ayer fuentes del IB-Salut con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad que se celebra hoy.
Esta cantidad total contempla un gasto de 33.886.200 euros a lo largo del pasado año, ejercicio en el que inicialmente se dispensaron fármacos de primera generación contra la enfermedad que aparecieron en el mes de enero a los que se sumaron los de acción directa que se comercializaron desde abril, cifra a la que habría sumar los 8.438.270 euros por los tratamientos costeados desde enero a junio de este año.
Del total de 1.106 pacientes que recibieron estos tratamientos, 931 ya los han finalizado y el resto los están tomando en la actualidad. De los que han completado la terapia, 41 lo hicieron tras un dosificación de 8 semanas de duración, 732 tras completar un tratamiento de doce semanas y 158 tras estar tomándolos por un periodo superior a las doce semanas.
Ante la efectividad de estos nuevos tratamientos contra esta enfermedad, que tienen un índice de curación del 91%, desde el Govern se aboga por crear un fondo económico específico de ámbito estatal para asegurar la aplicación de las nuevas terapias a los pacientes que las necesiten sin discriminación de ningún tipo.
Asimismo, el Servei de Salut recuerda que no tiene firmado contrato alguno con los proveedores de estos tratamientos, quienes negociaron directamente el precio de los mismos con el ministerio de Sanidad.
Estas condiciones contemplan unos desembolsos en función del número de pacientes que se van incorporando al tratamiento, lo que reduce el precio del mismo. Asimismo, en caso de que un enfermo supere las 12 semanas de tratamiento, el coste del mismo pasa a ser gratuito.
Desde su comercialización, la prescripción de estos carísimos fármacos ha venido acompañada de polémica. En primer lugar, al negarse el Gobierno central a crear un fondo específico para sufragarlos que evitara que los afectados por esta enfermedad se curen o no en función de la comunidad autónoma en la que residan y de los fondos que ésta destine a este capítulo de gasto.
Y en segundo, por la computación o no de este gasto como déficit público en las cuentas que las CC AA deben rendir ante el Gobierno central, circunstancia ante la que dos ministerios, el de Hacienda y el de Sanidad, mantienen aún opiniones divergentes.
