"La Oficina de lucha contra la corrupción de Balears estará en funcionamiento previsiblemente hacia el verano, dado que el proyecto de ley entrará en el Parlament en pocas semanas". Lo anunciaba en febrero la entonces consellera responsable de poner en marcha el proyecto, Esperança Camps. En la misma línea, el día que el Govern aprobó el proyecto de ley para crear la Oficina, el 1 de abril, el conseller-portavoz Marc Pons informaba de que "en dos o tres meses" sería "factible" su apertura.
Frente a los discursos de intenciones, la realidad es que la Oficina Anticorrupción ha encallado en el Parlament. Uno de los proyectos estrella del Pacto a tres entre PSOE, Podemos y Més carece de fecha de aprobación definitiva, sin que nadie sepa explicar muy bien el por qué.
Las previsiones más optimistas hablan de que "en septiembre podrá constituirse la ponencia, y con un poco de suerte quizás la ley pudiera votarse a finales de diciembre", señala una diputada al tanto del asunto. Recalca que la brevedad caracteriza al segundo periodo anual de sesiones, que se inicia después de las vacaciones veraniegas "y que se consume prácticamente con el Debate sobre el estado de la Comunidad y la tramitación de los presupuestos", remacha.
Los ritmos parlamentarios
Así las cosas, el nuevo organismo que debe velar para evitar nuevos casos de corrupción política y desvío de fondos públicos como pronto podrá estrenarse "en enero o febrero de 2017", explica la parlamentaria.
¿A qué se debe este retraso? Ningún partido asume la responsabilidad, y todos se pasan la pelota. "Los ritmos del Parlament son incontrolables", se escuda en la coletilla habitual un diputado de Més. "El Govern ya ha hecho su trabajo, ahora es cosa del Parlament; no nos podemos meter", dice un socialista. En su día el conseller Pons ya llamó al consenso -en un claro mensaje dirigido a los socios de Podemos- para agilizar el proyecto de ley, pero su petición parece haber caído en saco roto.
Aun siendo una iniciativa compartida, especialmente Més y Podemos han buscado rentabilizarla en mayor grado. Ello ha generado alguna que otra tensión interna en el Pacto. El pasado 30 de mayo, el diputado de Podemos en el Congreso, Juan Pedro Yllanes, daba una rueda de prensa en el Parlament balear con el líder del partido en las islas, Alberto Jarabo. En esa comparecencia, los dos podemistas advirtieron que su grupo estará muy vigilante para evitar "injerencias políticas" del Govern en la gestión diaria de la Oficina Anticorrupción. Hablaban por sus aliados del PSOE y Més, lo que no sentó bien en sendas formaciones.
Régimen sancionador
Además, Yllanes y Jarabo celebraron la incorporación de un régimen sancionador en el redactado final de la ley, que no se había previsto en el borrador inicial. En realidad se trataba de una enmienda conjunta registrada por socialistas, Podemos y Més, que los segundos vendieron ante los periodistas como propia. "Ya les vale", protestaba una alto cargo econacionalista ante los intentos de los podemistas "de apuntarse tantos que no son suyos".
Tal y como ha quedado ahora este nuevo apartado, si no es objeto de cambios de última hora, establece sanciones de hasta 100.000 euros para los altos cargos de las Administraciones Públicas por infracciones muy graves. Entre éstas se halla "el hecho de impedir o dificultar el ejercicio de las funciones" de la Oficina, la negativa a entregar "información clave" que ésta requiera dentro de los plazos, o la falsedad y la ocultación documental.
Pese a la demora, desde los tres partidos del Pacto se asegura que la Oficina Anticorrupción llegará a buen puerto y es prioritaria. Políticamente, la iniciativa empezó mal para el Govern. La fatalidad -por decirlo irónicamente- quiso que a las pocas horas de que éste aprobara el proyecto de ley, su teórica impulsora, la consellera Camps, dimitiera y entrara Ruth Mateu. "Esperemos que no haya más sorpresas", bromea recordando aquel momento uno de los promotores de la Oficina.
