La reciente sentencia del Tribunal Supremo que absuelve a la exconsellera insular de Medio Ambiente del Consell por UM Catalina Julve de fraude a la Administración puede beneficiar a Iñaki Urdangarin, que en el caso Nóos también se enfrenta a condenas por ese mismo delito. El Alto Tribunal ha matizado los requisitos para que se consume ese delito y ya no basta, como hasta ahora, que se amañe la adjudicación, sino que es necesario acreditar la cuantía del perjuicio sufrido por las arcas públicas como consecuencia de esa alteración.
Julve, defendida por Gabriel Garcías, ha sido absuelta de fraude, un delito por el que la sección primera de la Audiencia de Palma le impuso 2 años de cárcel, pero ha sido sentenciada por prevaricación, que no conlleva una pena privativa de libertad sino una de inhabilitación.
La exdirigente de UM está fuera de la política desde que se disolvió su partido y no ocupa ningún cargo público, por lo que la condena de inhabilitación es un mal menor frente a su más que probable ingreso en prisión si se llega a confirmar la sentencia de la Audiencia.
Catalina Julve fue juzgada por amañar un negociado menor (un sistema de adjudicación de contratos para cantidades pequeñas) en beneficio de Simón Galmés, un antiguo militante de UM, amigo suyo y empresario con problemas económicos entre 2005 y 2006.
El contrato se hizo para comprar un lote de sillas blancas de plástico que fueron cedidas luego por el Consell a varios Ayuntamientos para que las usaran en eventos populares.
En un negociado menor se debe invitar a tres empresas y luego los técnicos y los responsables políticos escogen la oferta más conveniente. Las sillas fueron adjudicadas a Galmés a dedo, sin que pintaran nada las otras dos empresas que renunciaron a propósito al negociado.
El Supremo ha declarado probado que Julve ordenó dar el contrato a Galmés por ser compañero de partido y amigo, pero ha calificado esa conducta de una prevaricación.
La Audiencia justificó la condena por fraude ahora anulada en que el simple amaño del negociado perjudicaba al Consell al privarle de escoger otras ofertas más ventajosas.
Sin embargo, el Alto Tribunal resalta que ha quedado acreditado que las sillas se pagaron a su precio de mercado, por lo que Galmés solo obtuvo el margen normal de beneficio.
No fue un gasto inútil
El Supremo insiste en que las sillas no fueron un gasto inútil y discrepa de la Audiencia de Palma en el hecho de que el Consell hubiera resultado perjudicado por el amaño.
Los magistrados argumentan que para que se perpetre el fraude es preciso probar que por parte de los implicados había una intención de defraudar a la Administración Pública, algo que no se da en este caso.
La sentencia añade que la práctica habitual de muchos políticos de fraccionar contratos mayores en partidas pequeñas para evitar convocar concursos tampoco es en sí delictiva, si no se prueba la intención de causar un perjuicio patrimonial a las arcas públicas.
El Tribunal Supremo añade que "lo único incorrecto es la finalidad última que pretendían (Catalina Julve y otros condenados) y que se consiguió: designar previamente de forma arbitraria a los adjudicatarios del contrato, sin cumplir las normas administrativas propias del procedimiento negociado y otras complementarias", lo que es en sí constitutivo únicamente de delito de prevaricación.
Iñaki Urdangarin y Diego Torres están acusados de defraudar al Govern balear por los contratos que el entonces presidente Jaume Matas les adjudicó a dedo para la oficina del proyecto y el suministro de materiales promocionales del equipo ciclista Illes Balears y los servicios de una empresa de medición del impacto publicitario de esa escuadra.
Los tres servicios realmente se prestaron y no consta fehacientemente que el Govern balear no pagara a Iñaki Urdangarin a precios de mercado.
