Caso Túnel de Sóller. Caso Caballistas. Caso Andratx. Caso sa Pobla. UM como caso inabarcable, con su extensamente irreproducible lista de corruptelas, así en Emaya como en casi todo lo que tocaron hasta extinguirse, ahogados en corrupción. Caso Radio Calvià. Caso Palma Arena, con ramificaciones como el Caso Nóos, el Caso Ópera o el pintoresco Caso Scala y su dinero robado y oculto en latas de Colacao. Caso Bitel. Caso can Domenge. Los contratos amañados del hospital de Son Espases y el caso que lleva su nombre. Caso Sineu. Caso Santa Margalida. Caso Funeraria. Caso Voltor. Caso Picnic. Las prebendas de políticos a funcionarios con el hotel Rocamar de Sóller como lucrativo telón de fondo. Caso Over y las campañas del PP financiadas en negro, como la sede del partido en Palma y quizá también en Madrid. Caso Ibatur. Caso Brokerval. Casos y más casos. Casos que fueron, casos que son y casos que sin duda vendrán. Del presidente Cañellas (PP) y su túnel de Sóller al presidente Matas (PP) y su tránsito del Palma Arena a la cárcel, continuando por la corrupción sistemática y transversal de la UM de Munar, aliada natural de cualquiera dispuesto a corromperse.
Todo desemboca en los más de 300 imputados de la política, la función pública, la empresa, e incluso la Familia Real que han dejado los últimos veinte años de corrupción en las islas. De aquellos inicios de la política del fango con los casos Sóller y Brokerval a la actualidad pútrida de la mafia policial de la Platja de Palma, que ya se ha cobrado la cabeza del presidente del PP palmesano, José María Rodríguez, uno que ha estado en todas: aún investigado en el caso Over, recién desterrado del PP por su aún presunto papel en la mafia policial que ayudaba a empresarios de la noche y luego cobraba en prostitutas y alcohol, y recordado en los anales por su aviso a los implicados del caso Andratx antes de que los detuvieran, chivatazo disfrazado por él mismo con aquel mítico, cómico y falsario "hoy es lunes y estoy en mi despacho". La corrupción y sus anécdotas a veces risibles y siempre dramáticas marca el ritmo de la historia de España y Mallorca. Pero sobre todo de Mallorca: la isla es la sima más oscura en el sumidero de podredumbre institucional de Baleares, la comunidad con más escándalos de corrupción del Estado.
Con mucha diferencia. Lo certifica en un informe de la Fundación ¿Hay Derecho?, creada por abogados, notarios y juristas de alto nivel, que buscan recetas para frenar el avance de la ilegalidad en las instituciones. Trabajo tienen por delante. En su informe analizan todas las causas por corrupción abiertas en los últimos años, que no son dos ni tres: entre 2011 y 2014 documentan 569 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales y tribunales superiores como el de Balears. 569 casos en cuatro años. Muchísimos. Y demasiados en Balears, que con el 2% de la población estatal concentra el 12,4% de la corrupción.
Tanto es así que Balears es la comunidad en la que más frecuente es la acción de los corruptos. Lo ejemplifica la lista incompleta de casos que les citábamos y lo respaldan datos de la Fiscalía. Por ejemplo, los últimos disponibles. Corresponden al período 2011-2013, cuando por cada 100.000 baleares se abrieron 5,95 causas por delitos asociados a la corrupción. La tasa es tan gruesa y dañina que ninguna región se acerca. La segunda con más casos es Aragón, con 5, seguida por Canarias, con 3,75. Si se abre más el espectro el diagnóstico se agrava: Balears triplica la corrupción de trece de las catorce autonomías restantes, aunque lo más frecuente es que los casos en las islas multipliquen por seis los de otras regiones.
Tetralogía de la corrupción
Tal es el nivel de escándalo que raro es el mallorquín que aún no está familiarizado con la definición de delitos como prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias. Son la tetralogía de la corrupción, justo los delitos que analizan los juristas de ¿Hay Derecho?, que explican que son estos tipos criminales los más ligados a la ilegalidad institucional, toda vez que en el Código Penal no hay un delito tipificado como de corrupción.
El que con más frecuencia anida en las entrañas de las instituciones es la prevaricación, esa actuación ilegal a sabiendas que embarra a funcionarios y políticos y copa el 36% de las condenas. La prevaricación hace presa en el urbanismo. Sobran ejemplos en Mallorca, alumna aventajada en el arte oscuro de recalificar al margen de la ley y pagar favores a partidos y políticos con pelotazos inmobiliarios. Ahí tienen los casos Andratx y Caballistas.
También la malversación de fondos es parte del ADN del corrupto mallorquín, que la cosa no va solo de que los gestores públicos hagan y cobren favores de corruptos y corruptores privados: a veces la caja de todos es directamente saqueada para llenar los bolsillos de algunos, con sobres y Bárcenas o solo con funcionarios demasiado espabilados. Este tipo de delitos acapara el 34% de las condenas, que no siempre son políticas. Una de las más célebres castigó en 2011 a Martina Gelabert, funcionaria y recaudadora que perdió su puesto y su libertad después de que la pillasen quebrando el Ayuntamiento de Sineu, del que se llevó 880.000 euros entre 1999 y 2005. Los cogía y se los quedaba. La Justicia recuperó 315.000 de los euros despistados.
De la empresa privada al partido
El episodio de Sineu es paradigmático: los ayuntamientos y consells, con sus competencias urbanísticas, destacan como el ámbito de acción predilecto de los corruptos. La mitad de los casos afectan a los municipios, frente a un 27% de la administración del Estado y un 24,4% de las autonomías. O esa es la media estatal, que en Balears se ve alterada por el peso imbatible de casos autonómicos como el Palma Arena que aún instruye el juez Castro y trae de cabeza al PP. Y ya está avanzada una investigación llamada a batir los récords de dinero defraudado, la del hospital de son Espases. Ahí se investigan irregularidades en adjudicaciones, con empresas como la ACS de Florentino Pérez y la Ferrovial de Villar Mir en disputa por los millones públicos.
No es un caso aislado, como suele calificar el PP de Rajoy a sus decenas de frentes abiertos por corrupción: la manipulación de contratos públicos es la primera causa de fraude. Está detrás del 31,4% de las condenas. El doble que el urbanismo (16,5%), pese a que el informe aborda los casos que siguieron a la especulación salvaje de la burbuja inmobiliaria. Y no mueven poco dinero los contratos públicos: representan en España un 20% del PIB, 200.000 millones, el 40% del gasto público, "cantidades nada desdeñables", recalcan los juristas de la Fundación ¿Hay Derecho?
Con lo que dos de cada diez euros de la riqueza del país pasan por esa contratación pública en la que tan a menudo ponen las zarpas grandes empresas de construcción de infraestructuras, coincidentes luego con algunas de las firmas que aparecen financiando en negro a partidos como el Popular, como se vio con la contabilidad B aireada por el extesorero Bárcenas. De eso se sabe mucho en Balears, donde el juez Castro investiga el pago de la sede nacional del PP con dinero procedente de la corrupción.
Es el día a día de la corrupción y sus corruptos, acostumbrados a hollar un camino de ida y vuelta que convierte el dinero de todos en lucro ilegal de algunos. También lo hacen por la vía de la malversación, del cohecho y el tráfico de influencias, por supuesto presentes en los episodios más recordados de la crónica de las cloacas de Mallorca, como ese dinero negro de empresarios que pagó las campañas del PP (caso de la de 2007, como confesó el entonces tesorero del PP y aún cuñado de Matas, Fernando Areal). O con tramas en las que el beneficiado no es el partido, sino funcionarios a su servicio, como ocurre con el reciente caso Rocamar, un hotel de Sóller en ruinas que fue tasado en 284.000 euros y acabó costándole un millón a los baleares, dinero pagado por el Govern Bauzá (PP) al jefe de la inspección turística del Govern, un funcionario ahora apartado por el Govern Armengol (PSOE y Més).
¿Por qué tantos casos en Balears?
¿Qué falla para que todo esto pase con mucha frecuencia en España y aún más habitualmente en Mallorca? Los autores del informe describen una veintena de razones, entre las que destacan la "falta de garantías de independencia y neutralidad" de quien se encarga de fiscalizar, que "depende de los agentes del poder político a los que debe controlar". Por ello piden "un refuerzo de los controles internos, particularmente de los preventivos". Eso pasa, dicen, por personal más cualificado en la función pública y, sobre todo, por atender a un principio tan básico que sorprende que no se aplique: "que el controlador no puede depender del controlado". En esta España corrupta, los políticos deciden sobre los funcionarios, inspectores, policías e incluso fiscales que deben frenar sus coqueteos con el crimen.
¿Y qué dicen los especialistas en la materia y quienes están en contacto diario con situaciones que pueden desembocar en episodios de corrupción? Pues hay disparidad de opiniones, pero muchos puntos de encuentro. En la cúpula del principal órgano de fiscalización de las cuentas públicas de las islas, la Sindicatura de Comptes, apuntan a que el informe de la fundación da con muchos de los problemas, pero intuyen que no es tanto una cuestión de dictar más normativa, como de disponer de los recursos humanos precisos para aplicar las leyes. Y no van tanto a que falten trabajadores, como a que faltan profesionales formados para actuar en la prevención de la corrupción. Los sindicatos también ven un problema de plantilla, aunque cargan más las tintas en la cuestión cuantitativa. Es decir, son precisos más funcionarios para luchar contra la corrupción, opinan.
¿Y qué dicen los políticos? Pues aquí la disparidad es máxima, pero todos coinciden en la necesidad de implantar una nueva ética de la gestión pública, marcada por la tolerancia cero. Luego la realidad muestra otra cosa, con el perfecto ejemplo del PP, que se dispone a formar gobierno pese a sus cientos de imputados por corrupción, en delitos que desnudan a concejales, diputados, consejeros, presidentes e incluso revelan la financiación ilegal del partido. A todo eso se refiere un político especialmente indicado para hablar de corrupción: Juan Pedro Yllanes. Acaba de llegar a la política con Podemos, pero su carrera está marcada por el simbolismo y la experiencia de haber sido el primer juez en dictar sentencia en un gran episodio de corrupción municipal, el caso Andratx.
¿Falta normativa, faltan funcionarios cualificados, falta ética? Y más: faltando lo que fuere, ¿falta más en Balears, la comunidad con más casos de corrupción? Responde el juez: "La deficiente legislación explica parte de la corrupción. Afecta también a la financiación de los municipios, que encuentran en el urbanismo ingresos alternativos. Eso, unido a unos frenos morales inhibidos, laxos, permite que algunos políticos se den cuenta de que hay formas de burlar la legislación, y de que eso da beneficios", explica Juan Pedro Yllanes, que se remite al caso Andratx: "Fue paradigmático. El señor Massot [director de Territorio con el PP] y el alcalde del municipio [Hidalgo] se dan cuenta de los beneficios de saltarse la ley y a por ello van, con el alcalde levantándose un chalet en terreno protegido, entre otras cosas".
Teoría del contagio de UM al PP
Ya tenemos pues los grandes factores precursores de la corrupción: sensación de impunidad y lucro fácil. ¿Pero por qué ocurre tanto en Mallorca? Yllanes incide en el factor Unió Mallorquina: "Con un número ínfimo de votos en una sola isla, UM llega a tener poder en todas las instituciones. Ese poder enorme, estructurado en relaciones de parentesco, afinidad, amistad, hace que UM pase de ser un partido , a un grupo de amiguetes que se colocan y reparten el botín".
Antes de UM, ya había sufrido Mallorca casos del PP como el del túnel de Sóller, pero Yllanes considera que la irrupción de UM convierte los casos aislados en algo sistémico: "El PP imitó ese modelo de UM, al constatar que no solo no les daba problemas, sino que generaba beneficios. En el PP sabían lo que estaba pasando con UM. También en PSM y el PSOE, pero en estos no hubo imitación. Si se fija, los primeros casos del PP venían del mismo área en del que UM era fuerte, de ayuntamientos de la Part Forana, con escandalosas absoluciones, como las del caso Caballistas, en el que estaba metido todo el Migjorn de Mallorca". Al final, dice el juez, esa corrupción ha acabado llegando hasta el Gobierno del Estado, con redes de germen municipal como las destapadas al propio PP de Rajoy, Gürtel y Púnica, los dos grandes casos de este Estado corrupto en el que Mallorca reina.
