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Diario de Mallorca

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Conflicto en la Iglesia de Mallorca

Las Jerónimas acusan al obispo de "apropiarse ilegítimamente" de su monasterio por "codicia"

Las monjas denuncian ante los tribunales que monseñor Javier Salinas les tendió una "trampa" para quedarse "las llaves" del convento de Sant Jeroni de Palma tras su traslado al de Inca

Las jerónimas con el obispo Salinas en la misa de despedida del monasterio, el 1 de junio del año pasado.

Las monjas Jerónimas acusan al obispo de Mallorca, Javier Salinas, de haberse “apropiado ilegítimamente, en su propio beneficio” y por “codicia” del monasterio de Santa Elisabet -popularmente conocido como Sant Jeroni-, en la Porta des Camp de Palma. Las religiosas tienen interpuesta una demanda civil contra el Obispado para reclamar la propiedad del inmueble, sobre el que pesaría una operación de venta a terceros de la propia orden. Con todo, ésta afirma que también la diócesis persigue la enajenación con fines especulativos y hoteleros.

El virulento pleito busca dirimir la titularidad del inmueble, toda vez que el Obispado lo inmatriculó a su nombre ante el Registro de la Propiedad el 30 de diciembre de 2014, a las pocas semanas de que las Jerónimas comunicaran a Salinas sus planes para el recinto. Las monjas han impugnado ante un juzgado de lo Civil de Palma esta inmatriculación, asegurando que elObispado usó documentación falsa.

La demanda -a la que ha tenido acceso ahora este diario- fue presentada hace un año y en ella la abogada de las Jerónimas, Maria del Pilar Rosselló, vierte durísimas acusaciones contra monseñor Salinas. Así, califica de “vileza” la actitud del prelado, que habría actuado movido por su “mala fe” y en contra de los intereses de las religiosas: “En definitiva, el obispo realmente codiciaba el monasterio. Lo que quería eran sus llaves”, afirma tajante la letrada.

Traslado a Inca

Desde el 1 de junio de 2015, las cuatro religiosas de clausura que quedaban en Sant Jeroni de Palma viven en el convento de Sant Bartomeu de Inca, debido a su avanzada edad y la falta de vocaciones. Desde entonces la orden religiosa y el Obispado de Mallorca pleitean en los juzgados por la propiedad del monasterio, que data del siglo XIV.

En el momento del traslado de la comunidad, el histórico inmueble no figuraba a nombre de nadie en el Registro de la Propiedad. Al iniciar los trámites para ello, las religiosas se encontraron con la “desagradable sorpresa” de que el Obispado se les había adelantado.

La intención de unas y del otro, según consta en la demanda, era la venta del convento ahora deshabitado. “Esta parte ha recibido informaciones verbales oficiosas de la existencia de negociaciones entre el Obispado de Mallorca e importantes cadenas hoteleras para la enajenación del monasterio, por cantidades de dinero ciertamente astronómicas e inconfesables, al margen absolutamente” de las Jerónimas, sostiene su abogada.

“El Obispado de Mallorca trabaja intensamente para que la vida monástica pueda continuar siendo una realidad en el monasterio de Santa Isabel de Hungría”, se niega rotundamente desde la parte demandada, afirmando que desde la partida de las monjas se busca una nueva congregación religiosa que venga a residir en el convento actualmente cerrado.

En la propia demanda se admite que el “fabuloso inmueble, radicado en un enclave inmejorable del centro histórico de Palma, con vistas al mar y, sin duda, de grandes potencialidades especulativas” es un “lugar santo y de devoción, sí, pero con el contrapunto de suscitar el apetito del capital pecado de la avaricia/codicia”.

Polémico traslado de cuadros

El texto exculpa a las religiosas del traslado sin permiso de su archivo histórico y cuadros de gran valor -destapado por este periódico-, que pudo ser interrumpido in extremis por el Obispado.

El 14 de marzo de 2014, tres meses antes de abandonar Sant Jeroni, las monjas pidieron a la diócesis que les expidiera las pertinentes certificaciones para poder inscribir a su nombre el monasterio ante el Registro. “Dicha solicitud nunca fue contestada por el Obispado”, lamenta la letrada de las monjas, quien ante el ‘silencio episcopal’ recurrió a la vía judicial para promover el expediente de dominio, otra fórmula legal para que la orden religiosa se pudiera poner a su nombre el convento.

“La actitud del Obispado fue, como mínimo, sibilina, del que no va de frente: Ni expidió la certificación ni la denegó explícitamente”, protesta la demanda. En la misma, las monjas, por boca de su letrada, dicen hacer “caído de pleno en la trampa urdida desde el Obispado”, al detallar previamente al prelado sus planes de venta del monasterio. Fue en una “reunión con carácter privado y secreto” celebrada en el Palacio Episcopal el pasado 5 de noviembre de 2014. A dicho encuentro asistió entre otros la entonces superiora federal de la orden Jerónima, sor Maria Trinitat Cabrero, a quien el obispo “comunicó, con aparente congoja, que no había podido expedir la certificación solicitada, lamentándose con angustia espiritual por ello, pero justificándose en que no gozaba con el apoyo de su curia”. Siempre según el escrito de demanda, el obispo manifestó a la superiora federal que “no tenía ningún interés en pugnar por la titularidad del monasterio”, exhibiendo Salinas una evidente “debilidad”, a juicio de la religiosa, que sintió una sensación de “extrañeza” por ello.

En la reunión se comunicó al obispo la intención de las religiosas de vender el monasterio si se cerraba definitivamente. La intención era “segregar la iglesia para cederla al Obispado, y del remanente, si éste era vendido, un 50% del precio de la compraventa iba a ser donado a Caritas diocesana, para los pobres de Mallorca, mientras que el otro 50% iba a ser destinado para la mejora de infraestructuras” de los monasterios jerónimos de España.

Al cabo de poco tiempo, el 30 de diciembre de ese año, el Obispado inmatriculó a su favor todo el conjunto catastral de Sant Jeroni, “un apetitoso bien, de incalculable valor inmobiliario, en la fachada marítima de Palma, que jamás le ha pertenecido”, denuncia la reclamación judicial, que llega a hablar de un “sacrílego ataque episcopal” a las monjas con el único fin de “expoliar sus bienes”. “¿Puede llegar más lejos la vileza [del Obispado] al inmatricular sobre una hedorosa argucia documental unas fincas cuando está abierto un proceso judicial de expediente de dominio sobre las mismas?”, concluye la demanda, pendiente aún de sentencia.

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