La ley de Igualdad quedó ayer aprobada en el Parlament por unanimidad. Los partidos del Pacte y los de la oposición apoyaron la nueva norma, que entre otras cuestiones contempla como violencia de género el impago de la pensión de alimentos. Sin embargo, con las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición, todas ellas rechazadas ayer en el pleno, quedaron en evidencia discrepancias entre izquierda y derecha. Los colegios del Opus, la custodia compartida, la presencia de mujeres en las fiestas populares, la discriminación positiva en el ámbito de la investigación o el coste de nuevos organismos para el desarrollo de la ley dividieron a Pacte y oposición.
La Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres pretende regular los mecanismos para garantizar la igualdad entre los dos sexos y acabar con actitudes y situaciones de discriminación hacia la mujer, así como asegurar su acceso al mundo laboral en igualdad de condiciones, tal y como la presentó la consellera de Asuntos Sociales y Cooperación, Fina Santiago. Entre los aspectos más destacados de la nueva norma está la tipificación como violencia de género del impago de la pensión de alimentos en separaciones. Cada año en torno a 500 mujeres en Balears denuncian que no se les abona. Con la nueva ley, el Govern pretende evitar su indefensión.
En aspectos como este y en el grueso de la ley, hubo apoyo unánime de los partidos. Era "un día alegre", tal y como expresó la diputada de Més, Margalida Capellá. En la misma línea, desde el PP a Podemos, todos los grupos celebraron el "amplio grado de consenso" alcanzado en la redacción de la ley. Se escenificó en el largo aplauso de todos los diputados con la aprobación de la norma, que, según la diputada popular Sandra Fernández, "perdurará en el tiempo". De más de 160 enmiendas presentadas a lo largo de su tramitación, sólo llegaron al pleno 43. El resto fueron incorporadas a la norma. No obstante, esas 43, que centraron ayer el debate parlamentario, fueron rechazadas por el Pacte y evidenciaron las discrepancias aún existentes.
Discrepancias en las enmiendas
El primer asunto en el que hubo diferencias fue en uno de los puntos referidos a educación que apuesta por "garantizar proyectos de coeducación en los centros". Es decir: asegurar la educación mixta en las aulas. "La administración no puede imponer un modelo educativo", defendió Sandra Fernández la enmienda que proponía desplazar el concepto de "coeducación" de la ley. "Lo único que quieren es no molestar los colegios del Opus", les reprochó la diputada socialista Silvia Cano. Cabe recordar que los centros del Parc Bit y vinculados al Opus Dei separan a niños y niñas por aulas a diferencia de la coeducación.
El Pi, por su parte, dedicó esfuerzos en lamentar que se rechazara incluir en la ley la custodia compartida como principio general en caso de separación. "A los partidos del Govern no les gusta hablar de algunos temas", reprochó la diputada regionalista Maria Antònia Sureda. Quien replicó en ese asunto fue el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, que dijo que la custodia compartida era un tema de "derechos del menor" y que no cabía en esta ley: "No es el lugar", zanjó.
Por otra parte, Ciudadanos, que también apoyó incluir la custodia compartida, cuestionó el punto de la ley que establece "como criterio de desempate" en becas a proyectos de investigación, beneficiar aquellos liderados por mujeres. Los partidos del Pacte explicaron que sólo el 12 por ciento de los catedráticos de Balears son mujeres y que había que "corregir" su infrarepresentación en este sector.
El caso Policía Local se cuela
Otro de los puntos que generó división fue el que prevé garantizar la participación de las mujeres en las fiestas populares. En este punto, desde el PP se defendió "respetar el origen y la tradición de las fiestas populares". La polémica viene porque algunas fiestas populares de Balears, como las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, se restringe la participación de las mujeres a determinados papeles.
La oposición también coincidió en cuestionar el coste de la creación de nuevos órganos para el desarrollo de la norma. "No puede haber políticas de igualdad a coste cero", respondieron los partidos del Pacte.
El debate, que transcurrió con los partidos reconociéndose su colaboración por alcanzar el consenso, tuvo tensión cuando la diputada de Podemos, Marta Maicas, reprochó a Sandra Fernández, del PP, el sumario del caso de la Policía Local, por "la explotación sexual de mujeres", y le exigió explicaciones. "No tengo ningún inconveniente en dar las explicaciones que sean necesarias pero no contribuiré a desviar la atención de este debate tan importante", respondió Fernández.
