El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, aseguró ayer que el Govern esperará a que haya sentencia del caso Rocamar para tomar medidas contra los funcionarios públicos implicados en la trama de la compra del ruinoso hotel del Port de Sóller. El vicepresidente recordó que el caso está "sub júdice" y que no puede actuar ahora contra los cargos públicos de su conselleria.
Barceló respondió así a la pregunta formulada en el Parlament por la diputada de Podemos, Montse Seijas. La podemita se interesó por qué medidas tomaría el Ejecutivo, si se les expedientaría o si se les apartaría de sus funciones.
El principal alto funcionario implicado y beneficiado por el caso, el jefe de inspección de Turismo, José Francisco Enseñat, fue cesado de sus funciones, como recordó ayer Barceló. Para el resto, el Govern esperará a que haya sentencia. "No podemos actuar y que luego nos lo tumben los tribunales", se justificó el vicepresidente, quien, en cualquier caso instó a poner el foco en los responsables políticos del caso.
Por otra parte, al hecho de que "se utilizarán medios públicos para atacar a prensa libre", como describió la diputada de Podemos la denuncia presentada por el anterior Govern contra los periodistas de Diario de Mallorca que destaparon la operación, Barceló recordó que, una vez el Pacte en el Govern, el Ejecutivo retiró su personación contra los periodistas y que, en cambio, se personó contra los implicados en la trama.
