La Guardia Civil intervino ayer en el Ayuntamiento de Sóller, dentro de la llamada Operación Termyca, impulsada por un juez de El Vendrell (Tarragona) contra cuatro empresas y varios políticos acusados de múltiples delitos de corrupción, el expediente de la contratación de la sociedad Coordinadora Gestión de Ingresos (CGI).
Además del de Sóller, también está siendo investigado el Ayuntamiento de Alaior, en Menorca, dentro de un amplio dispositivo que fue autorizado por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell a instancias de la fiscalía anticorrupción.
Los registros se efectuaron en entidades públicas empresariales locales y mercantiles, en despachos profesionales y domicilios particulares, así como en una decena de ayuntamientos. A otros quince se les requirió documentación, como fue el caso de Sóller o el de Alaior.
El dispositivo se llevó a cabo de forma simultánea en las cuatro provincias catalanas, así como en Castellón, Balears, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara y en el Principado de Andorra.
Con esta macrooperación, impulsada por la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción, arranca el caso Efial, por el nombre de la consultora especializada en administración local que trabajaba para numerosos ayuntamientos de Tarragona, dirigidos por políticos de Convergencia Democrática de Cataluña.
Las pesquisas que se realizaron en Sóller giran en torno a la contratación de la empresa Coordinadora Gestión de Ingresos (CGI) que, junto a la consultora Efial habrían configurado un "entramado fraudulento", gracias a sus asesorías a ayuntamientos y entidades públicas empresariales locales, según apunta la investigación.
El Ayuntamiento de Sóller pactó por un año los servicios de CGI el 14 de febrero de 2014 mediante un contrato menor por valor de 17.999 euros, el máximo legal para este tipo de contratación. La consultora realizó una campaña de inspecciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.
Mediante estas inspecciones, el Ayuntamiento pretendía incrementar sus ingresos municipales y los mejoró sustancialmente. Los inspectores que realizaron el trabajo se dedicaron a comparar licencias de obras ya otorgadas a varias promotoras urbanísticas con la obra que realmente habían ejecutado. Fruto de esta labor, el Ayuntamiento ingresó 1.239.113 euros en concepto de impuestos y tasas por obras que no habían quedado amparadas bajo las licencias municipales. Más de un millón de euros de lo recaudado fueron abonados por la compañía que edificó el complejo hotelero que gestiona la cadena hotelera Jumeirah, en el Port de Sóller. Otras inspecciones permitieron la recaudación de cantidades menores.
Después, comenzaron los desencuentros entre CGI y el ayuntamiento de Sóller. El pleito acabó en los tribunales y recientemente una sentencia avaló la postura municipal. CGI presentó una factura al Ayuntamiento por importe de 286.118 euros, el 20% de lo que había recaudado el municipio. El gobierno municipal, entonces presidido por Carlos Simarro, se negó a pagarla.
