Como en otros sumarios de corrupción, los acusados en esta pieza separada del caso Ibatur están negociando, a través de sus abogados, un posible pacto de conformidad con la fiscalía anticorrupción para rebajar sus condenas y eludir el ingreso en prisión.

Anticorrupción impone como condiciones para esos acuerdos que los acusados devuelvan los fondos públicos desviados y confiesen los hechos, admitiendo los delitos.

En estos casos la fiscalía anticorrupción solicita al tribunal que se apliquen las atenuantes de colaboración con la Justicia y de reparación del daño causado. Juan Carlos Alía selló en enero un pacto de conformidad con el fiscal para el caso Nóos y Raimundo Alabern también podría conformarse.