Empadronarse en casa de la abuela, aportar certificados médicos falsos, declarar solo la renta de uno de los progenitores... Hay muchas maneras de cometer fraude para lograr una plaza en el colegio deseado. Es un tema del que no se habla mucho a pesar de que prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha acudido a la vía extraoficial para arañar puntos.
Sin embargo, hay un padre que no solo se ha negado a hacer chanchullos sino que quiere luchar por la transparencia en escolarización. Todo empezó cuando su hija no logró plaza en el colegio Sant Francesc para el curso 2013-2014. Empezó a rascar y a pedir documentación y a reclamar. Y pese a que todo eran trabas, el pasado mayo por fin alguien le escuchó: la Audiencia ordenó investigar el proceso de escolarización en este colegio concertado de Palma.
La conselleria de Educación lo niega, pero Manel Forteza-Rey cree que el fraude es algo "generalizado y tolerado" en los colegios que requieren más de 6,5 puntos. Su hija acude hoy a otro centro -a pesar de haber aportado pruebas de que tiene más puntos que gente que sí que entró-, pero su lucha contra este fraude ya va más allá de su historia. Incluso ha dado de alta un correo electrónico -reclamacionesescolarizacion@gmail.com- para ayudar, de manera "gratuita y desinteresada", a los padres que quieran revisar los expedientes, "para guiarles sobre cómo detectar fraudes y cómo denunciar".
En su caso, se ofertaban 56 plazas y había 72 solicitudes: tenía 5,5 puntos y no logró entrar. Sabía que podía pasar, pero le hizo sospechar que casi todos los que habían entrado tenían más de 6,5 puntos y pidió revisar el expediente. Y empezaron los obstáculos. Desde el centro se le indicó que por protección de datos no podía ver los documentos de las otras familias. Insistía: "No voy en contra del colegio, solo quiero ejercer mi derecho".
En Conselleria no encontró muchas facilidades. Y tuvo que documentarse e insistir en que tenía derecho a ver esa documentación -certificados de residencia, laborales y médicos- de las otras familias ya que él también formaba parte de ese expediente y así consta en la ley de procedimiento administrativo.
Logró ver la lista en la que figuran cuántos puntos tenía cada alumno solicitante y por qué y le llamó la atención que 17 habían puntuado más por tener una enfermedad (Educación otorga un punto a los estudiantes que padecen una serie determinada de dolencias: desde transplante renal a diabetes o celiaquía, por citar algunas). "Según los estudios médicos, en niños de dos años la ratio es de un enfermo cada 42 niños", asegura, "en un grupo de 56 debería haber 1,7 enfermos, no 17".
La Agencia Española de Protección de Datos le confirmó que tenía derecho a ver toda la documentación, aunque en el caso de los certificados médicos no podía en ningún caso ver de qué enfermedad se trataba.
Aún así, encontró detalles sorprendentes, como el certificado médico de un niño firmado por una ginecóloga y otros dos por una médica de cirugía estética. Acabó averiguando que tres niños habían logrado puntuación pese a haber certificado dolencias que no están en el listado de Educación.
Certificados falsos
Para comprobar si se verificaba la validez de los documentos médicos, adquirió un modelo de certificado y un amigo se lo cumplimentó, inventándose un número de colegiado, un nombre y una firma. Preguntó a la Conselleria si era válido y le dijeron que sí. Investigando también encontró padres que habían mentido sobre su lugar de trabajo o habían omitido información sobre su renta y varias irregularidades más.
Forteza-Rey se convirtió en "dettective". Muy a su pesar: insiste en que la ley marca que es el Govern quien debería "controlar e investigar de oficio". Presentó un recurso y en abril del año pasado se le notificó que había cuatro niños a los que se les había baremado mal, pero que como igualmente su hija no lograba entrar y los padres que ahora sí tendrían derecho a plaza no habían reclamado, básicamente todo quedaba igual.
Aparte de que él asegura que son más los niños mal baremados, considera increíble que en un proceso de competencia como éste se descubra a gente que ha hecho trampas y nada cambie, que mantengan su plaza: "Imagina que pasara lo mismo con unas oposiciones: es impensable".
Acudió a la Policía Nacional instándoles a investigar -"Hablamos de delitos como falsedad de documentos públicos", recuerda- pero se archivó. Así que decidió recurrir a la Audiencia, quien finalmente en mayo reabrió el caso.
¿Por qué ha seguido adelante? "Porque con cada paso que daba era más evidente el fraude, y que la Conselleria hacía lo posible por dificultar cualquier investigación; y porque finalmente, en un proceso de concurrencia competitiva como éste, por cada plaza que obtiene alguien de manera fraudulenta hay otro solicitante legal que se queda sin plaza? ante injusticias como ésta si uno puede hacer algo creo que debe hacerlo, y llegar hasta el final: de esta manera conseguiremos minimizar el fraude en el proceso de escolarización".
Cree que la actitud pasiva de la Administración favorece que padres que no harían trampas "acaben cometiendo un delito al saber que nadie les investigará".
