Después del verano que ahora comienza el Govern balear reformará la ley turística de modo que el alquiler a viajeros en edificios residenciales será legal en los casos en los que se cumplan unos mínimos de calidad y se compren plazas de uso turístico en una bolsa que creará el Govern. Lo que hoy se hace en negro estará autorizado. Y después empezará la guerra. La de verdad: la diseñada para cazar a todos aquellos que, cuando ya se pueda alquilar a turistas en edificios residenciales de forma legal, persistan en la ilegalidad y la evasión fiscal. El Govern trabaja para ello en un plan que pretende aumentar el impacto de la lucha contra el fraude en el alquiler con multas más rápidas. La campaña se implementará durante el año que viene, cuando la nueva legislación que regulará el arrendamiento vacacional esté ya en vigor.
"Hemos estado analizando la situación [de falta de eficacia de la inspección de Turismo] y la conclusión es que no es un problema tanto de falta de inspectores como de exceso de burocracia. Los inspectores llegan y hacen su trabajo, pero después la tramitación del procedimiento sancionador es muy lenta", resumen en la Conselleria de Turismo. Y diagnosticado el problema, la receta para acabar con él sale sola: "Vamos a simplificar el procedimiento sancionador, que ahora es muy lento, para que las multas sean más rápidas. Ya sabemos perfectamente qué hace falta para lograrlo, y el año que viene estará todo listo", resume el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més).
Ese procedimiento de multa exprés se convertirá así en el segundo eje del plan para poner orden en el alquiler turístico. El primero ya lo leyeron en este diario: el Govern creará una bolsa de camas para quienes quieran alquilar legalmente a turistas, que se venderán a menos de 4.000 euros la plaza y servirán, dicen, para que afloren a la legalidad buena parte de las 100.000 plazas de alquiler hoy ilegales. Concretamente, todas las que reúnan unos mínimos de calidad. Entre ellos figurarán exigencias que ya asumen otros negocios dedicados al alojamiento, como los hoteles o los apartamentos turísticos en edificios turístico, que se encargan de servicios tales como la limpieza de las habitaciones entre cliente y cliente y garantizan suministros básicos como agua, luz y sistemas de climatización. A ello se le unen exigencias que también estarán en los nuevos apartamentos turísticos de edificios residenciales, como disponer de un seguro de responsabilidad civil o tener operativo un servicio atención telefónica al cliente las 24 horas. Habrá algunas exigencias más, y quienes las cumplan podrán pedir (y pagar) la plaza a Turismo.
Doble licencia
No será el único permiso preciso. Quienes quieran tener una licencia para operar como alquiler turístico legal deberán aportar además un documento del ayuntamiento que acredite que en su zona está autorizado el alquiler turístico. Los ayuntamientos y los Consells Insulares son de hecho quienes ejercen las competencias en planificación del territorio y urbanismo, por lo que la regulación que presentará el Govern después de este verano deja en sus manos la última palabra sobre los espacios en los que el uso turístico de edificios residenciales estará autorizada y los que quedan vetados al viajero. Es por eso que el Govern exigirá dos certificados, el expedido por la Conselleria de Turismo y el del Ayuntamiento. "Ambos trámites se podrán hacer al mismo tiempo, no supondrá un problema para el propietario que quiera alquilar", aclara el vicepresident del Govern, cuyo equipo lleva meses trabajando en este y otros detalles con el propio personal de Turismo y con los Consells Insulares y los ayuntamientos más afectados por el fenómeno del alquiler a turistas en zonas residenciales.
El resultado que persiguen es que aflore a la legalidad y el pago de impuestos un negocio que hoy se hace en la ilegalidad y hurtándole ingresos a Hacienda. Para ello, a diferencia de la situación actual, que solo prohibe el alquiler y plantea sanciones, se habilita una vía legal. Y a partir de ahí sanciones. Palo y zanahoria. Pero buen palo: las multas que ya se están poniendo al alquiler ilegal rondan los 5.000 euros por piso.
Aunque la inspección llega a pocos infractores, en realidad. Según datos de la propia conselleria en total tramitaron 30 expedientes sancionadores el año pasado y este año van mucho más rápido, a quince al mes. Que son una gota de agua en el océano: quince sanciones mensuales en una comunidad con 100.000 plazas de alquiler irregular. Eso hace que los propios inspectores de Turismo cuenten que no se está actuando de oficio: solo van cuando hay denuncia. Y aunque baste para eso la queja de un vecino, el Govern tampoco tiene prisa por sancionar el alquiler turístico hasta que no aprueben su regulación. Después la cosa cambia. De ahí el plan de multas rápidas que están cocinando para el año que viene, el primer verano de alquiler turístico legal en edificios residenciales y el principio de la auténtica batalla contra la ilegalidad en el muy lucrativo negocio del alojamiento vacacional.
