El boom turístico que vive Balears se está viendo acompañado de un fuerte incremento de la piratería en diferentes sectores, como los del taxi, el chárter náutico, los alquileres y ahora, según denuncian las salas de fiesta, en el ocio nocturno. Según la patronal que agrupa al citado colectivo empresarial, las islas están registrando un fuerte incremento en la celebración de fiestas ilegales en domicilios particulares, en las que se cobra una entrada. El principal motivo del impulso que esta actividad irregular está registrando se explica por la "impunidad" con la que sus organizadores pueden actuar, al no disponer las Administraciones isleñas con personal suficiente para vigilar y sancionar este tipo de comportamientos.
"Los servicios de inspección no dan abasto", lamenta el presidente de la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas de Balears (Abone), Jesús Sánchez, ante la enorme actividad económica que se está desarrollando en el archipiélago y las situaciones irregulares que la acompañan, y se recuerda como ejemplo los controles que se ponen en marcha desde Trabajo en materia de fraude laboral, desde Transportes contra los taxis piratas, o desde Turismo o la Agencia Tributaria contra los alquileres en negro. Eso supone que el sector público no tiene manos suficientes para contener todo este cúmulo de actuaciones al margen de la ley, y algunas se le escapan entre los dedos.
En este último grupo se incluye el ocio nocturno ilegal, según destaca Sánchez, que apunta dos frentes diferentes en los que se produce la competencia desleal: el ya mencionado de los domicilios particulares y el de los bares y cafeterías que extienden su actividad a la de salas de fiestas sin cumplir con los requisitos necesarios para ello y, según se subraya, sin tributar ante Hacienda de la misma manera, lo que conlleva ademas un fraude al fisco.
Volviendo al caso de las fiestas en casas particulares, se destaca que se promocionan a través de las redes sociales y para el acceso es necesario abonar una entrada. Hay casos en las que el promotor se limita a alquilar un chalé, celebra la fiesta con la contratación de algunos disc jockeys y luego desaparece con la recaudación sin rendir cuentas ante nadie de esos ingresos, según se señala desde Abone.
Y todo ello, añade Jesús Sánchez, sin controles. Porque muchas de estas celebraciones se desarrollan en viviendas situadas en suelo rústico, lo que hace que las competencias queden en manos de la Guardia Civil, que no puede entrar en esa propiedad sin una orden judicial y que lo único que podría hacer "es importunar a los asistentes en la entrada o la salida", apunta el presidente de Abone.
Alta rentabilidad sin riesgos
El resultado es que el comportamiento ilegal se convierte en extremadamente rentable y además no conlleva riesgos para los organizadores al no existir en el archipiélago medios suficientes para actuar contra estas actividades. De ahí que se destaque la impunidad con la que se actúa.
El segundo frente, insistentemente denunciado desde Abone, es el de los locales de restauración en los que durante los fines de semana se celebran fiestas, con baile y también con la contratación de disc jockeys, y ello pese a no cumplir con la reglamentación que se exige a las salas de fiestas en materias como la seguridad.
Pese a que esta actividad se detecta con mayor facilidad, el nivel de impunidad es también notablemente elevado, según apunta el presidente de la citada patronal. El ejemplo más claro es que esta organización empresarial presentó hace algunos meses al ayuntamiento de Palma y a la Agencia Tributaria un listado con 42 locales de la capital balear "con nombres y direcciones" en los que se desarrollan estas fiestas ilegales, sin que estas alturas se hayan tenido noticias de que estas denuncias han ido acompañadas de sanciones, más allá de que desde Cort se les ha confirmado que los avances en esta materia han sido mínimos.
La explicación, según Jesus Sánchez, es siempre la misma: la situación de la Administración pública es muy precaria y no dispone de personal suficiente para poder hacer frente a todas estas irregularidades.
Según Jesus Sánchez, la crisis hizo que se actuara con una cierta laxitud a la hora de combatir estas actividades ilegales a causa de los problemas que registraban muchos de estos negocios, pero ahora que la situación económica ha mejorado esa falta de vigilancia se ha convertido en estructural.
