La reforma del alquiler turístico que está diseñando el equipo del conseller y vicepresidente Biel Barceló es solo un primer paso hacia la regulación del alquiler turístico. Y no es el más importante. Según sostienen en Turismo, esa legislación no puede invadir las competencias que tienen los Consells a la hora de organizar los usos del territorio. O traducido: confirman que serán los Consells los que decidan finalmente dónde se puede alquilar a turistas y dónde no.
Eso supondrá que en Eivissa el alquiler turístico en edificios residenciales quedará prohibido, toda vez que allí todos los partidos políticos y la mayor parte de los agentes económicos y sociales coinciden en que no quieren más alquiler turístico en una isla ya saturada, en la que hay trabajadores de temporada viviendo en caravanas o en pisos patera porque no encuentran vivienda asequible libre de viajeros.
No es el caso de Menorca y Mallorca, donde el debate está más abierto. Los hoteleros se oponen para preservar su control del negocio del alojamiento. Y los ecologistas también rechazan la permisividad con el alquiler, pero por distintas razones: creen que llenará más una isla que ya no da más de sí. A favor de la legalización están los propietarios de apartamentos, partidos como PSOE, El Pi y Més, y la mayor parte del sector turístico no hotelero, desde restauradores a comerciantes: coinciden en que el alquiler reparte el negocio, gracias a un tipo de viajero que gasta fuera de su alojamiento, y sostienen que el arrendamiento desestacionaliza, al mitigar el cierre masivo de hoteles que vacía la isla en invierno.
El debate lo resolverán al final los Consells, que definirán en cada zona los espacios de uso residencial, industrial y turístico. "Ya se hace así con los hoteles", recalcan en Turismo, donde especifican que serán los PIAT (Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos) los que especifiquen esos usos. ¿Supone eso que el Govern se quita el marrón de encima y se lo pasa a los consells? El vicepresident Barceló lo niega: "No es eso. En nuestra ley es complicado poner restricciones urbanísticas por zonas, porque hay una Directiva Europea de Servicios que no lo permite. Si lo haces, la normativa será impugnada. Esas competencias urbanísticas son de Consells y ayuntamientos y si las invadimos te expones a que paralicen la ley", avisa el vicepresidente.
Colisión de derechos
No acaban ahí las complicaciones jurídicas. El propio Govern está cocinando una Ley de Vivienda que se tramitará en paralelo. En ella se marcará, por ejemplo, un espacio mínimo que ha de reservarse en cada zona para vivienda de protección oficial o para viviendas de alquiler social. Con lo que ambas leyes pueden entrar en colisión, y ahí Barceló ofrece otra opinión personal: "Es más importante el derecho a la vivienda que su uso turístico", zanja el conseller de Turismo.
La maraña legal que acaba de bloquear el conflicto del alquiler se enmadeja con la acción de otras tres instituciones. De un lado están la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (España) y la Comisión Europea, que apuntan en una misma línea: el alquiler turístico no debe ser prohibido. De otro está el Gobierno español, que no es que esté de un lado, es que directamente no está: hasta el momento no se ha atrevido a abordar la cuestión, pero son ya muchas las voces que piden unos criterios uniformes para toda España, mientras en el Govern balear recalcan que las competencias son autonómicas, por lo que no hay espacio para una regulación nacional que, de puro general sería fallida. "Aquí nos cuesta encontrar un modelo para todas las islas, imagina hacerlo para todo el Estado", abundan en Turismo. En cualquier caso, el Gobierno que salga de las urnas podría meterse en un asunto ya de por sí complejo para hacer lo que hace cada administración política que entra en este lío: enmarañarlo más.
