"Los servicios de Inspección de las diferentes Administraciones están desbordados". La frase corresponde a un representante empresarial de las islas, pero es compartida también por los sindicatos de Balears, y dos son las causas que se apuntan a la hora de explicar lo que esta sucediendo: en primer lugar, la avalancha de turistas que se está registrando en las islas está llevando a muchas personas a intentar obtener beneficio económico saltándose la legalidad, un fenómeno detectable en múltiples sectores, desde el ocio nocturno a los alquileres, el transporte o la construcción. Pero además, desde las organizaciones sindicales se apunta otro factor: "aquellos que han estado aplaudiendo los duros ajustes que se han llevado a cabo en el sector público ahora se encuentran con que los recortes de personal han afectado también a los servicios de inspección destinados a combatir la economía sumergida y la competencia desleal", según apunta el secretario de Acción Sindical de la federación de servicios públicos de UGT, Jordi Creuet.
El incremento de la economía irregular no es una apreciación exclusiva de patronales y sindicatos, y es respaldada por el director de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, el cual advierte de que la estructura económica de las islas no es lo suficientemente sólida como para aprovechar el actual ciclo económico expansivo, lo que se deriva además en una pérdida de calidad del trato que reciben los visitantes. Y recuerda que este aumento de la economía sumergida balear se da además en una de las comunidades autónomas que ya tenía una de las tasas más altas antes de empezar la crisis.
El hecho es que la palabra ´pirata´ y el término ´competencia desleal´, con actividades irregulares o cuyos beneficios no son declarados al fisco, se vincula a un número creciente de actividades, que van desde el alojamiento de los visitantes, la construcción y reformas de instalaciones empresariales, el ocio nocturno, el transporte o el sector náutico, entre otros. Y además la queja parte de las patronales que más se están viendo afectadas por estos comportamientos y desde las que se denuncia la sensación de impunidad que existe, al reconocer que los servicios de Inspección se ven impotentes para hacer frente a semejante crecimiento de las actividades irregulares a vigilar.
Por ello, Jordi Creuet ironiza respecto a que sean los empresarios los que ahora se lamentan por el crecimiento de la competencia desleal cuando, en su opinión, han sido también los primeros en respaldar la política de ajustes y de reducción de trabajadores en las Administraciones públicas.
En cualquier caso, el representante de UGT recuerda que en estos momentos solo se permite reponer un 10% de las bajas que se producen en el sector público, o un 50% en aquellos servicios que se consideren esenciales. Y ello, según subraya el portavoz sindical, ha tenido efectos sobre la sanidad o la educación, pero también sobre los servicios de Inspección tanto autonómicos como estatales, aunque en este campo se reconoce una única excepción: la Inspección de Trabajo, sobre la que se destaca que sí se ha visto reforzada. Sin embargo, se señala la escasez de estos funcionarios en Consumo, Turismo o Transportes, por citar algunos ejemplos.
Escasez en Hacienda
Esta escasez de personal de inspección es expuesta también desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), desde la que se advierte de que campañas como la de control de alquileres de alta gama se van a desarrollar con niveles de vigilancia muy similares al del pasado año, pese a que se haya anunciado que se iban a intensificar, precisamente por esa falta de personal, que llega al extremo de reducir las unidades de inspección o no reponer a sus jefes cuando éstos se jubilan.
El dato aportado por Gestha resulta significativo: en los últimos cuatro años la plantilla de la Agencia Tributaria en Balears se ha reducido un 10%, lo que hace inviable ampliar la actividad que se este organismo desarrolla en las islas.
Pero a ello se suma un segundo factor. Siguiendo las directrices marcadas por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, se exige al personal de la Inspección de Hacienda que disfrute al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, precisamente en las fechas en la que la actividad es mayor en Balears y, consecuentemente, también la necesidad de elevar la vigilancia.
