El juez Juan Manuel Sobrino, quien investiga el llamado caso Rocamar, ha ordenado a Hacienda que se implique en la investigación ante la sospechas de corrupción que desprende esta operación económica ejecutada por la conselleria de Turismo. El magistrado de instrucción número 1 ha dictado una providencia en la que, a petición de la Policía, ordena que se envíen mandamientos a la Agencia Tributaria, tanto estatal como autonómica, para que colaboren en dicha investigación. Un trabajo técnico que consistirá en un análisis de las operaciones económicas que han declarado todos los implicados en este caso en la que, según sospecha el juez, el Govern pagó un sobrecoste por la compra de este abandonado hotel de Sóller para beneficiar, supuestamente, a la familia del jefe de la Inspección de la conselleria, Josep Francesc Ensenyat, que es precisamente uno de los investigados en este caso.
Pero al margen de la labor que van a iniciar los inspectores de la Agencia Tributaria, el juez cuenta con la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que también se ha implicado en el caso. Una investigación que hay que recordar que deriva de una denuncia que presentó la fiscalía Anticorrupción, ante las sospechas de un delito de malversación de caudales públicos. El juez es quien está marcando las pistas que deben seguir los investigadores de la Policía, puesto que se sospecha que detrás de la compra pública de este abandonado hotel, se habría organizado una trama para favorecer a este alto funcionario de la conselleria de Turismo. El Govern rechazó un estudio privado, elaborado por un reconocido experto, que establecía que al precio del valor del edificio había que descontarle los gastos de demolición, que debía asumir el propietario. Si se hubiera seguido este criterio el dueño habría recibido únicamente unos 300.000 euros, mientras que los otros 600.000 euros respondían al coste de dicha demolición. Sin embargo, la conselleria de Turismo rechazó este informe realizado por un experto en tasaciones de edificios. Se pidió un nuevo informe a tres funcionarios de la propia conselleria, que certificaron que el valor del inmueble alcanza los 900.000 euros, precio que recibió el propietario. El Govern tuvo que asumir después el coste de la demolición. Casualmente el dinero de la operación coincidía con la cifra de un antiguo préstamo que le había dejado el patriarca de los Enseñat al dueño del hotel. Una cuarta parte del dinero que pagó el Govern lo cobró el jefe de la inspección de Turismo.
El juez quiere volver a escuchar a Francisco Castañer, propietario del hotel Rocamar. Este hombre, que está enfermo, ya declaró hace unos meses como investigado. Aunque le costaba mucho recordar, el empresario de Sóller negó que hubiera solicitado tanto dinero en el préstamo que pidió y que avalaron los padres de Enseñat. Dijo que la cifra del préstamo era de unos 15.000 euros. Sin embargo, negó que actuara en concordancia con la familia Enseñat
