La sección primera de la Audiencia ha confirmado la condena, por un delito de desobediencia grave a la autoridad, de cuatro manifestantes que el 28 de mayo del 2012 cortaron una calle de Bunyola en protesta por la visita a la localidad del entonces president del Govern del PP José Ramón Bauzá. Los condenados deberán pagar cada uno una multa de 1.620 euros y uno de ellos ha sido absuelto de propinar un mordisco leve en un brazo a un agente de la Guardia Civil.
La Audiencia ha confirmado así en todos sus extremos la sentencia del juzgado de lo penal 1 de Palma, que fue recurrida por los acusados.
La sentencia declara probado que Antoni Sansaloni, Roser Aguiló, Amadeu Corbera y Joan Servera, lideraron una protesta que se organizó en Bunyola contra la visita de Bauzá a la posesión de Son Termes. El fallo explica que en aquella época se habían producido incidentes en otras localidades mallorquinas por la presencia del dirigente del PP, lo que motivó que la Guardia Civil montara un dispositivo especial de vigilancia.
Los incidentes se produjeron hacia las siete y media de la tarde cuando un convoy de la Guardia Civil, formado por cinco vehículos todo terreno y una furgoneta, circulaba por la localidad de Bunyola camino de Son Termes.
Los agentes se encontraron en el pueblo con una numerosa concentración de personas, que obstaculizaron la circulación de los vehículos a la altura de la plaza de la Iglesia. Las detenciones se produjeron minutos después cerca de la estación del tren en Bunyola, donde otro grupo de manifestantes cortaron de nuevo la vía con una sentada.
Los acusados alegaron en su descargo que no habían oído la orden expresa de la Guardia Civil de despejar la calle y que en absoluto fueron los cabecillas de la protesta.
Sin embargo, en las dos sentencias se da credibilidad al testimonio de los guardias que presenciaron los hechos y que apuntaron a los cuatro encausados como participantes en los cortes de circulación.
La sentada impidió que el convoy de la Guardia Civil llegara a la posesión, por lo que fue necesario movilizar a otros agentes para que protegieran al president. La sentencia ya no puede recurrirse, salvo al Constitucional.
