El cuestionado sindicato Manos Limpias quiere a toda costa que la infanta Cristina termine ingresando en la cárcel. La abogada que representa la acusación popular en el juicio del caso Nóos mantiene que Cristina de Borbón es culpable, en su condición de colaboradora, de dos delitos fiscales. Y por esta actuación delictiva reclama una pena de ocho años de cárcel. Una acusación que sostuvo a pesar de que la letrada Virginia López Negrete renunció a que su perito, el único experto que mantiene que este delito se cometió a través de Aizoon, declarara en el juicio y explicara sus conclusiones a las tres magistradas. Aunque este experto pudo declarar y no lo hizo por renuncia expresa de la acusación que le contrató, la abogada pidió que el tribunal aceptara como documento, y por tanto para que sea valorado en la deliberación, dicho dictamen técnico. A pesar de la oposición de la fiscalía y de varios de los abogados de la defensa, finalmente el tribunal aceptó el informe, únicamente como documental. Con respecto a los otros acusados, Manos Limpias les trata de una forma desigual. A varios acusados acepta que les beneficien una serie de atenuantes, pero no a todos. A los únicos que en cierta forma Manos Limpias premia es a Marco Antonio Tejeiro, a Gonzalo Bernal, Miguel Ángel Bonet y Mercedes Coghen. Sobre el resto de acusados, no se acepta ni una sola atenuante y pretende que todos ellos terminen ingresando en la cárcel.
La fiscalía, por su parte, ha variado muy poco en cuanto a la responsabilidad que atribuye a todos los acusados. Solo acepta que el tribunal aplique atenuantes a los tres antiguos altos cargos del Govern que gestionaron la contratación de Nóos. Horrach quiere que Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía, Pepote Ballester y Miguel Ángel sean condenados, pero que la pena se sustituya por multa, para que no terminen en prisión.
Con Jaume Matas el fiscal también respeta el pacto que alcanzó con su abogado, sobre todo después de que el expresidente haya vendido su palacete, su residencia familiar, y haya entregado el dinero. Pero el fiscal tampoco acepta que Matas no termine ingresando en la cárcel. Frente a los once años de cárcel que pedía al inicio del juicio, ahora reclama que se le condene a cinco años. La diferencia es que pretende que se le apliquen varias atenuantes para reducir su responsabilidad. En cualquier caso, si el tribunal le diera la razón, Matas terminaría entrando en prisión.
Sobre quien no reconoce la fiscalía Anticorrupción ni una sola de las atenuantes que contempla la ley es sobre los dos antiguos socios de que dirigían el Instituto Nóos quienes, no solo no han devuelto ni un solo euro, sino que además han cimentado su defensa en que todos los negocios que hicieron eran legales y, además, supervisados por la Casa Real. El fiscal Horrach entiende que por la gravedad de los hechos el marido de la infanta Cristina debe cumplir una condena de 19 años y seis meses de cárcel. Para Diego Torres, el otro socio, pide que sea sentenciado a 16 años y medio de prisión. La única circunstancia a favor que entiende el fiscal que puede beneficiar a los dos principales protagonistas del caso Nóos es que se reduce la cuota tributaria que debían pagar a Hacienda. Aún exigiendo menos dinero, Horrach sostiene que ambos cometieron un delito fiscal. Y en el caso de Urdangarin le atribuye dos delitos tributarios. A cada uno de los socios y por cada delitos, se pide una condena de tres años de cárcel, más una sanción económica que alcanza casi un millón de euros para el marido de la Infanta. Una vez que ya está a punto de terminar el juicio del caso Nóos, el fiscal tiene muy claro que los dos directivos de Nóos encabezaban la trama que se organizó para enriquecerse a través de los fondos públicos que recibían para la organización de los foros turísticos.
Pero mientras que Horrach pretende que Urdangarin pase casi dos décadas entre rejas, a su esposa la exculpa. La fiscalía únicamente pretende que la infanta Cristina responda a título lucrativo, es decir, que no cometió ningún delito, pero sí se benefició económicamente de estos fondos de procedencia ilegal. La hermana del Rey ya pagó en su momento más de medio millón de euros, la cantidad que le pedía el fiscal por dicho título lucrativo.
El Govern balear tampoco acusa a la Infanta de ningún delito fiscal, pero sí entiende que debe responder a título lucrativo, puesto que el dinero se ingresó en su empresa Aizoon. La comunidad autónoma reclama que la hermana del Rey abone 125.00 euros por dicha responsabilidad económica. Sobre el resto de acusados, pide las mismas penas que el fiscal. La abogacía del Estado tampoco entiende que la exduquesa de Palma haya cometido ningún delito fiscal. Esta acusación únicamente persigue el delito fiscal y lo atribuye a Urdangarin y a Torres. Para el primero le pide seis años de cárcel por dos delitos y al otro acusado le atribuye uno solo y reclama tres años.
