Los tres inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona que han realizado el estudio fiscal sobre los negocios del entramado NóosentramadoNóos y de sus sociedades satélites, quisieron ayer limpiar su imagen pública, debido a las críticas que han recibido por exculpar a la infanta Cristina. Y por ello, los funcionarios atacaron al juez Castro y a la Audiencia de Palma, ya que en algunas de sus resoluciones ponen en duda la objetividad de sus informes. Los peritos mantuvieron que nunca han recibido ninguna indicación de sus jefes para que realizaran un informe en un sentido u otro. Y que si no han denunciado a la hermana del Rey es porque entienden que técnicamente no ha cometido ningún delito fiscal, puesto que nunca fue administradora de la sociedad Aizoon, ni tampoco generó los ingresos que percibió esta empresa familiar.

Una de las funcionarias explicó que Hacienda inició una investigación sobre el Instituto Nóos sin tener conocimiento de que el juez también indagaba sobre los sospechosos negocios de Iñaki Urdangarin. Una operación con billetes de 500 euros fue la causa que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria, que comenzó a indagar sobre la gestión económica del entramado Nóos. La inspectora, al tener conocimiento de que un juez había iniciado un procedimiento penal sobre las mismas actividades, se dirigió por escrito al juzgado preguntando si se tenía que paralizar la actuación inspectora. El primer escrito, según la perito, no recibió respuesta. El segundo escrito sí la recibió, en el sentido, según la funcionaria, de que Hacienda podía continuar con su investigación tributaria. Fue mucho después cuando Castro pidió la colaboración de Hacienda, sobre todo para calcular los gastos de los foros que organizó el Instituto Nóos y para levantar el velo de las sociedades que controlaban Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Los técnicos aseguraron que si en ese momento el juez hubiera paralizado la inspección administrativa, no se habrían presentado los informes de dos unidades de la agencia tributaria, evitando cualquier duda sobre los cambios de criterio de los inspectores. La presidenta del tribunal consideró suficiente las explicaciones sobre esta polémica y recordó que las decisiones judiciales anteriores no vinculan a las tres magistradas que deben dictar sentencia.

Con respecto al fondo del tema, los peritos confirmaron las irregularidades tributarias y contables que habían cometido tanto Diego Torres como Iñaki Urdangarin. Fueron especialmente duros con Torres y con las maniobras que intentó hacer para esconder el dinero que había tenido depositado durante años en una cuenta bancaria de Andorra.

Sobre la figura de la Infanta, los inspectores dijeron que no hay ni una sola sentencia judicial en la que se condene por delito fiscal al socio de una empresa que no ha tenido ninguna participación en la gestión de dicha sociedad.