­La insularidad vive sometida a la Ley de Murphy: solo es susceptible de empeorar. Ahora también con la factura de la luz. Hace unos meses, en septiembre de 2015, entró en vigor una reforma del mercado energético español impulsada por el Gobierno Rajoy (PP) que fragmentaba el mercado nacional, de modo que cada zona tiene que asumir los sobrecostes de producción de electricidad que antes se repartían entre todos los consumidores españoles. El Ministerio de Energía, entonces capitaneado por el exministro Soria, dijo que no habría efectos para los consumidores de las islas. Pero, como otras afirmaciones de Soria, resultó ser falsa: transcurridos unos meses de la implantación del nuevo modelo, el Govern balear ha constatado lo que ya se suponía, que como en Balears, por su condición de isla y por su menor cuota de energías renovables, es más caro producir electricidad, los usuarios de la zona lo están pagando.

El equipo de la Conselleria de Territorio, que lleva la cuestión energética, lo ha cuantificado: son 42 millones de sobrecoste en siete meses de implantación. Y eso son 6 millones de euros al mes que los consumidores no han empezado a notar por una sola razón: las compañías comercializadoras de electricidad están asumiendo ellas el coste adicional, sin meterlo en la factura de sus clientes. Por ahora. Solo lo repercuten a las grandes empresas, que ya han empezado a sufrir una factura engordada. La amenaza es que si no hay solución pronto, las compañías aplicarán el sobrecoste a todos los clientes, incluyendo los hogares que ahora se libran.

De ello hablaba ayer el conseller de Territorio, Marc Pons, que por la mañana se reunió con empresarios de energía y renovables, sindicatos y agentes económicos y sociales con representación en el Consejo Asesor de Energía. Le corroboraron el diagnóstico: la situación es grave, este sobrecoste reduce aún más la competitividad de empresas de las islas ya lastradas por otros factores de insularidad y por ello es imprescindible corregir la disfunción.

Reunión hoy en Madrid

La primera oportunidad de solucionar el problema será precisamente hoy, cuando Marc Pons y su director general de Energía, Joan Groizard, se reunirán con el secretario de Estado de Energía del Gobierno Rajoy, Alberto Belda. La idea, dicen, es plantearle al Ejecutivo en funciones que corrija la situación. "Hay diferentes opciones. Una es volver al status quo anterior, pero es complicado (el mercado único, el reparto de sobrecostes entre todos los usuarios españoles, ya no existe, se ha fragmentado). La otra opción es que nos compensen los sobrecostes", reflexionaba Marc Pons, que enfatizaba que la postura conjunta adoptada en la reunión de ayer hace que, en la cita de hoy, pueda hablar con la fuerza que da tener detrás a tantas sensibilidades económicas y sociales distintas de las islas, diciendo lo mismo: que el sistema es un lastre.

¿Y si no hay solución pese a todo? Pues a todo el mundo le tocará pagar ese sobrecoste de 6 millones al mes que ya sufren las grandes empresas. El impacto variará en función del consumo y de la tarifa contratada por cada usuario. "Lo que nos han dicho los comercializadores es que están aguantando antes de repercutirlo, esperando una solución. Para las empresas comercializadoras más grandes no es tanto problema, porque el mercado balear es una pequeña parte de su negocio, pero para comercializadores más pequeños es un esfuerzo importante que les cuesta asumir", resumía el conseller, que recalca que lo baleares ya lo están pagando de un modo: el Govern, uno de los mayores consumidores de energía de las islas, está asumiendo ya en su factura el sobrecoste legado por la reforma del Gobierno Rajoy.