Josep Francesc Ensenyat, el jefe de la inspección de Turismo implicado en el caso Rocamar, explicó ayer al juez que su familia avaló un préstamo al dueño del antiguo hotel de Sóller y para que sus padres pudieran recuperar el dinero, se levantó una hipoteca sobre este edificio. Esta decisión de avalar esta operación económica la relacionó con la amistad que mantenía su padre, Jaume Ensenyat (ya fallecido), con la familia de Francisco Castañer, dueño del desaparecido hotel de Sóller.

El alto funcionario del Govern fue interrogado ayer como imputado por el juez Juan Manuel Sobrino, que sospecha que el inspector de Turismo urdió un plan, con la ayuda de otros altos cargos de la Conselleria, para beneficiar a su familia con la compra por parte del Govern de este ruinoso edificio. El inmueble, en el momento de la compra, contaba con una carga, que correspondía al préstamo que tenía el dueño del hotel con la familia Ensenyat. El mismo día que se hizo el pago, se canceló la hipoteca y el dinero fue entregado al patriarca de la familia del jefe de inspección.

El alto funcionario del Govern, defendido por el abogado José Zaforteza, intentó desmarcarse de cualquier relación con la operación de compra, aunque se reconoció como beneficiario. Negó en todo momento que hubiera influido en otros funcionarios de la misma Conselleria para que realizaran un informe que contradijera el estudio que había elaborado un perito externo, que determinó que el Govern debía pagar una cantidad mucho menor a la que finalmente abonó para adquirir el Rocamar. Este primer informe externo lo elaboró un experto en tasaciones. El conocido arquitecto Pere González Nebreda entendía que si bien el valor del hotel en ruinas era de 971.671 euros, a esta cantidad había que descontarle el precio de la demolición del edificio, que debía ir a cargo del dueño y no del comprador. Con este criterio, el precio que debía negociar la conselleria era de 284.631 euros. Sin embargo, tres funcionarios de la conselleria, en ese momento dirigida por Carlos Delgado, elaboraron un informe contradictorio con el estudio del experto. Los tres trabajadores públicos, Bernardino Seguí, Bartomeu Alcover y José Oliver, determinaron que el precio que debía pagar el Govern era de casi un millón de euros, puesto que el edificio, que llevaba abandonado casi 20 años, no tenía una declaración oficial de ruina. Casualmente, la cantidad pagada era casi exacta al préstamo que exigía la familia Ensenyat al dueño del hotel. El jefe de la inspección aportó una serie de pruebas que documentan la operación económica que su familia realizó con el hotelero Castañer. El funcionario explicó que su padre, cuando se constituyó la escritura de hipoteca en el año 2005, le contó que previamente él había avalado con su patrimonio un crédito bancario que Castañer había pedido a un banco. Y como el dueño del hotel no pagaba ni los intereses, ni el capital, el matrimonio Ensenyat tendría que responder del pago de este crédito. Para evitar que perdiera este dinero su padre acordó con el empresario de Sóller constituir la hipoteca sobre el antiguo hotel.

Beneficiario directo

El alto funcionario del Govern mantuvo que en ningún momento participó en la operación de compra ni tampoco influyó en sus compañeros de la conselleria para que redactaran un informe contradictorio con el que había elaborado el arquitecto externo. Sin embargo, reconoció que él también se benefició particularmente de esta operación. Cobró más de 200.000 euros del dinero que pagó el Govern, a través de fondos públicos, por la compra del edificio. Sin embargo, aclaró que esta cifra era la parte de la herencia que le correspondía por la muerte de su madre.