Las denuncias que la Dirección General de Consumo está recibiendo contra algunas empresas de alquiler de vehículos de bajo coste han impulsado una alianza entre tres servicios de inspección del Govern para combatir las irregularidades que se registran en este sector, según ha señalado el titular del citado departamento autonómico, Francesc Dalmau. Además de realizar un barrido por las páginas web en la que estas compañías se publicitan para detectar posibles cláusulas abusivas, su servicio de inspección, el de Transportes y el de Turismo se van a coordinar para intercambiar información a la hora de detectar los posibles fraudes.

Según señala Dalmau, durante las últimas semanas ha mantenido encuentros con el presidente de la agrupación empresarial de alquiler de vehículos de Balears (Aevab), Ramón Reus, y con representantes de grandes empresas del sector, en las que se le han comunicado la presuntas irregularidades que se están cometiendo en este ámbito, a lo que se suma el que el 90% de las actuaciones que Consumo pone en marcha en relación a los rent a car se debe a quejas contra la actitud de algunas low cost.

La descripción que Francesc Dalmau y Ramón Reus hacen del problema es muy similar. El turista contrata a través de internet un automóvil de alquiler por un precio de cuatro euros al día, pero al llegar a Son Sant Joan se encuentra que no está el coche, sino que tiene que esperar, junto a otros clientes, a que acuda una furgoneta para trasladarlos hasta un polígono industrial de Palma, a veces a altas horas de la noche. Una vez allí y al ir a por el coche, se les comunica que a esos cuatro euros hay que sumar recargos relacionados con el llenado del depósito de combustible o con la contratación de un seguro, lo que puede multiplicar el precio inicial hasta por diez, situándolo ya al nivel habitual entre las empresas del ramo. Al encontrarse en un lugar aislado, el visitante opta en la mayoría de los casos por aceptar a regañadientes las nuevas condiciones.

Pero hay una segunda fase en varios de los casos denunciados, según señala Dalmau. Algunas de estas empresas low cost no dejan pagar al contado, sino que exigen el cobro mediante tarjeta de crédito. El resultado puede ser que el cliente se encuentra al cabo de algunas semanas con que se le ha aplicado un nuevo cargo de algunos cientos de euros alegando que se ha encontrado un golpe en el coche que él había utilizado.

El tema se agrava, según apunta el director general de Consumo, debido a que el mismo golpe se puede llegar a cobrar a varios clientes.

El problema radica en que en ocasiones se le dan al turista las llaves del vehículo y se le dice el punto donde debe de ir a recogerlo, pero sin realizar por parte de éste y de un representante de la empresa la pertinente revisión del estado del coche, para daterminar si éste presenta ya algun daño previo. Además, a la hora de devolverlo, al cliente se le señala el lugar donde estacionarlo y entregar las llaves, sin realizar tampoco una revisión y confirmar que el estado del automóvil es el mismo que tenía al alquilarlo. Estos comportamientos, según lamenta Dalmau, pueden llegar a rozar lo delictivo.

Por todo lo expuesto, el director general de Consumo lamenta que en muchas ocasiones el turista afectado opte por presentar la denuncia en su país, y hace llamamiento para que todos estos comportamientos sean comunicados a su departamento, tanto para tener más datos a la hora de planificar la actuación de sus inspectores como para poder trasladar los casos más graves a la Policía Nacional por si suponen tambien una vulneración de la legislación penal.

Para ello, anuncia que se va a editar una guía con los derechos de los consumidores, que estará redactada también en inglés y alemán, con la intención de colgarla en la página web de Consumo y de repartirla por el aeropuerto "si nos dan su permiso".