El marrón pasa de manos. Pregunte usted en la siguiente ventanilla y tal. Olvidada ya la mejora del sistema de financiación como algo que vaya a pasar de verdad antes de las elecciones autonómicas previstas para el año 2019, el alquiler turístico se ha convertido en la gran patata caliente de la legislatura 2015-2019. El Govern quiere regularlo para que se pueda arrendar en edificios residenciales, pero con condiciones. Aunque no sabe cómo. O no quiere saberlo. Así que las decisiones más polémicas, es decir, las zonas y supuestos en que se podrá alquilar en cada municipio, tendrán que tomarlas los ayuntamientos y los consells insulars, que tampoco quieren saber nada del marrón. Aunque tendrán que hacerlo, recuerdan desde el Govern: suyas son las competencias de planificación territorial (Consells) y urbanismo (ayuntamientos).
El lío es de aúpa. Un nudo gordiano que el Govern plantea deshacer con un machetazo. O más bien con un portazo que mande el problema a la ventanilla de al lado, la de consells y ayuntamientos. El plan de la Conselleria de Turismo es regular solamente un marco general que dibuje las condiciones básicas en las que se permite el alquiler turístico. Después serán consells y ayuntamientos los que tendrán que vérselas con los detalles y el diablo que habita en cada uno de ellos. ¿En qué barrios o zonas se puede alquiler? ¿En qué fechas del año? ¿A qué precio? ¿Hasta que límite de plazas? ¿Quién entrará en esos cupos de alquiler?
La batalla será dura. Y en muchos frentes. Demasiados, quizá. Por un lado, están los bloques y euros enfrentados dentro del negocio del alojamiento: los hoteleros que gestionan el destino con mayor concentración de hoteles del mundo, Mallorca (lean el diario del domingo), contra los dueños de apartamentos en edificios residenciales que hoy alquilan a turistas al margen de la ley aprobada por el Govern Bauzá (PP) en la pasada legislatura.
Propietarios contra arrendatarios
Hay más frentes en el conflicto. Como el social. En él pelean dos bandos igualmente irreconciliables. De un lado, quienes ven el alquiler como una opción para redistribuir la riqueza del turismo más allá de los hoteleros, una opción para desestacionalizar con turismo todo el año y para llenar restaurantes y comercios de clientes que no vienen a la isla con la pulserita del todo incluido hotelero, sino a integrarse y gastar en la sociedad mallorquina. Enfrente de estos argumentos, los de quienes recuerdan lo que ya es evidente, que el alquiler turístico ha disparado los precios del arrendamiento, que los residentes ya no pueden vivir en zonas nobles y céntricas de ciudades como Palma o Eivissa devenidas para que atracciones, hasta el punto de que el Govern ha constatado ya un descenso del 60% en la oferta de pisos de alquiler para residentes. Para completar el conflicto, la Comisión Europea está dispuesta a regular para todos los estados miembros. De momento, ha aprobado un informe en el que defiende que se busquen opciones para hacer que el alquiler vía AirBNB y similares pague impuestos, pero, como hizo la Comisión Nacional de la Competencia, insiste en que prohibirlo es la última opción. Todo ello también influye en Barceló y su equipo, que ven como a la ecuación imposible del consenso cada vez le surgen más incógnitas.
Podemos contra Més
Y aún queda una trinchera más, probablemente la única guerra que amenaza la estabilidad del Govern balear que comparten PSIB y Més. Ambos partidos gestionan el poder solo gracias al apoyo parlamentario de Podemos. El problema es que Podemos ha cogido la bandera de quienes alertan del uso especulativa de la vivienda que fomenta el alquiler turístico. En Podemos preocupa el efecto del alquiler vacacional sobre los trabajadores de las islas, que cada vez lo tienen más difícil para acceder a una vivienda. Las imágenes de trabajadores de temporada durmiendo en el techo de coches en Eivissa, donde todo es alquiler turístico, o los reportajes sobre campamentos de caravanas que albergan en párking a residentes de las islas que no pueden pagar los precios que si abona el turismo juegan de parte de Podemos. Y dificultan el consenso que se persigue, algo que no deja de ser curioso, más ahora que Podemos y Més concurren juntos a las elecciones.
La normativa se retrasará
Por todo ello la regulación se esté retrasando. Según figura en la Ley del Impuesto de Turismo Sostenible (la de la ecotasa), la normativa del alquiler turístico debe estar perfilada antes del final de agosto. Pero no lo estará, confiesan en el Turismo, donde la pasada semana el vicepresident y conseller, Biel Barceló (Més), pedía más tiempo. La petición sonó a rendición. A no vamos a regular esto que nadie sabe cómo regular. Pero no es el caso, dicen: en el equipo de Barceló confirman que solo quieren más tiempo del que les marca la ley, visto que poner a los distintos intereses de acuerdo está siendo más complicado de lo previsto en el peor de los supuesto. "Solo pedimos más plazo al Parlament para preparar la regulación, dada la importancia y trascendencia de este asunto, pero nada más. Regularemos", explican en la Conselleria, en la que nadie quiere ya marcarse plazos, dando por supuesto que los legales (ese final de agosto de límite marcado por el Parlament) parece que no se van a cumplir.
Pero habrá regulación esta legislatura sí o sí, insisten, añadiendo siempre una coletilla que despeja dudas: se regulará para que se pueda alquilar a turistas en edificios residenciales, aunque tiene que quedar claro, dicen, que no en todos los casos se permitirá alquilar. Y eso último, la discriminación de quien sí y quien no, es la patata caliente, el marrón que va camino de Consells y Ayuntamientos. Que en la mayoría de casos no lo quieren. Solo el Ayuntamiento de Palma se ha abierto a incluir el asunto en su reforma de Plan General. Pero en Consell de Mallorca, presidido por cierto por el mismo partido que la Conselleria de Turismo, creen que el Govern está eludiendo responsabilidades y pasando el problema.
La pelea interna en Més
Hay tantos intereses contrapuestos en este asunto que está amenazado hasta el equilibrio interno del partido que ejerce las competencias en turismo: la coalición de izquierda ecologista y nacionalista Més. En la amalgama de sensibilidades políticas muy militantes que es Més conviven hoy desde los ecologistas que defienden la prohibición total del alquiler a turistas para evitar agravar más masificación que ya golpea las islas, hasta históricos del partido que viven de rentas de alquiler turístico, entreverados unos y otros con los cargos y militantes de bases que ven el arrendamiento como la única forma de doblarle el brazo a ese oligopolio hotelero que sigue abriendo establecimientos (desde 1995 se ha pasado de 561 hoteles a más de 800).
En esa y demasiadas batallas más se juega el futuro del alquiler turístico en edificios residenciales, que el Govern dice que se autorizará con límites. Pero ya no sabe ni cómo, ni cuándo.
