Los abogados de la infanta Cristina renunciaron ayer a la exposición oral de un informe pericial, previsto para la semana próxima, sobre los beneficios que su representada sacó de la presunta trama de corrupción del caso Nóos. El dictamen que no se planteará oralmente ante el tribunal rebajaba de 587.000 euros a 347.712 euros la suma que doña Cristina estaba dispuesta a devolver si era declarada responsable civil a título de partícipe lucrativo de los delitos atribuidos a su esposo Iñaki Urdangarin.

El informe era una de las pocas pruebas planteadas por la defensa de la hermana del Rey, que para este juicio no pidió ningún testigo propio, ni tampoco aportó documentos en descargo de su clienta. El pasado 11 de enero, jornada maratoniana dedicada a las cuestiones previas, Miquel Roca y su equipo pidieron al tribunal que admitiera el informe pericial de los expertos Jordi Bellobí y David Sardá. La sección primera aceptó esa prueba y ya había citado a los dos especialistas.

Renuncia sin explicaciones

El abogado de la exduquesa de Palma que ayer asistió a la vista oral comunicó a la sala que renunciaba al informe pericial, sin dar ningún tipo de explicaciones.

Según ese dictamen, la Infanta doña Cristina estaba dispuesta a devolver a Hacienda todas las cantidades defraudadas en el impuesto de sociedades si no era condenada por delitos fiscales, como solicita la acusación popular Manos Limpias.

Doña Cristina reconoció en ese dictamen, por primera vez, que usó decenas de miles de euros de Aizoon, la sociedad cuya propiedad comparte al cincuenta por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin, para gastos personales o familiares. El informe pericial también recalculó la cantidad que la acusada tendría que pagar en caso de ser declarada responsable civil a título de partícipe lucrativo, como solicitan la fiscalía anticorrupción y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda. Esa figura corresponde a aquellos que se lucran con fondos delictivos, pero desconocen su origen irregular.

El fiscal Pedro Horrach reclama que la exduquesa de Palma pague la mitad del dinero presuntamente defraudado a Hacienda por su marido en calidad de administrador de Aizoon y por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008. La cuota defraudada asciende a 337.143 euros, por lo que la Infanta tendría que devolver 168.571 euros, por un lado. Además, la fiscalía sostiene que Aizoon, S. L. recibió de la "trama de Nóos" 837. 683 euros de origen ilícito, es decir, desviados por Urdangarin y Torres.

Menos dinero

La mitad de esa cantidad supuestamente malversada es 418.841 euros, que debería reintegrar Cristina de Borbón, junto a los 168.571 euros antes mencionados. La suma total reclamada a la Infanta asciende así a 587.412 euros.

Los peritos, tras repasar la contabilidad y facturas de Aizoon y usando otra información, concluyeron que los "beneficios personales" de su clienta a efectos de su participación a título lucrativo se tenían que reducir a 347.712 euros.