La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el próximo 22 de junio, a las 10.30 horas, la vista para revisar la condena de dos años de cárcel que le fue impuesta a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve en el caso Cloaca, en el que se juzgó la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca por 59.500 euros y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.
Durante la vista, la defensa de Julve expondrá los argumentos esgrimidos en el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de octubre del 2015, en el que niega la comisión de los delitos de fraude a la administración y prevaricación por los que fue condenada.
El abogado de Julve, Gabriel Garcías, se muestra en desacuerdo con la resolución judicial y reclamará, por tanto, la absolución de la exdirigente de UM, quien durante el juicio aseguró que la contratación del lote de sillas fue una decisión de su predecesor en el cargo (Miquel Riera, ya fallecido) y si la firmó se debió a que era una "necesidad" para los consistorios.
Los funcionarios por debajo
Recién abierta la operación policial de este caso, Julve se desmarcó de forma tajante de las pesquisas, con las que aseguró "no tener nada que ver". "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", incidió entonces.
En su sentencia, la Audiencia asevera que la exalto cargo de UM, en el momento de los hechos, "debía el máximo respeto a la Administración a la que servía y a los ciudadanos que le permitieron llegar a ella", de modo que su conducta "debe conducir a un plus de reprochabilidad especialmente cuando se hace un uso torticero de las estructuras que conforman la Administración". Es más, abunda en que "la gravedad de los hechos viene determinada por su trascendencia social, por la entidad del daño a la función pública, por los deberes a la fidelidad al cargo público que quebranta y por la importancia del bien jurídico protegido que, en definitiva, es el buen funcionamiento de los servicios públicos".
También fue condenada, en su caso a seis meses de cárcel, a sustituir por multa, la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, la misma pena que el empresario Simón Galmés, mientras que a otro de los proveedores beneficiados, Miguel Rullán, le fue impuesta una pena de nueve meses de prisión.
Inicialmente la causa fue abierta por un supuesto desvío de unos 2 millones de euros por trabajos no prestados en relación con el servicio de recogida selectiva, finalmente el caso se limitó a las sillas y el servicio de control.
