El juez Antoni Rotger ha dado por concluidas las pesquisas del llamado caso Puertos u operación Mar Blau, una presunta trama de corrupción en torno a concesiones en los puertos de Maó e Eivissa que fue denunciada en 2008 por un miembro del Club Marítimo de Maó. Rotger estudia ahora si activa el juicio oral contra varios imputados, entre ellos el expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), y exdirigente del PSOE, Francesc Triay y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal española, preso por corrupción y antiguo dueño del grupo Marsans.

En el sumario prestaron declaración como imputadas otras personas entre ellas los fallecidos Miguel Ángel Verger, presidente de la APB entre 2005 y 2007, y Gonzalo Pascual, socio de Gerardo Díaz Ferrán en la sociedad náutica Trapsa Yates; así como Ángel Matías, número dos de la APB durante años, y Justo Aguado, un asesor de la misma institución.

La fiscalía anticorrupción sospecha que responsables de la APB se conchabaron con el grupo Marsans para amañar al menos dos importantes concursos: el del Club Marítimo de Maó y unos amarres en Ibiza Nueva (Eivissa). El caso fue denunciado en octubre del 2008 por un miembro del Club Marítimo de Maó, que aportó varias grabaciones de conversaciones donde intervinieron Verger y Matías, entre otros.

El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional acusó, con base en una de esas grabaciones, a Verger de alterar entre 2005 y 2007 un concurso para unos codiciados amarres en Maó en favor del Club Marítimo de dicha localidad. Los investigadores llegaron a esa conclusión tras analizar el contenido de aquellas cintas, especialmente un fragamento donde Verger dijo a socios del Club Marítimo que ellos no habían quedado segundos en el concurso, pero que eso se podía arreglar siempre que se pagasen compensaciones a Marsans.

Verger también habría señalado en 2007 a los gestores del Club Marítimo de Maó que había "dado instrucciones a su sucesor en la APB (Francesc Triay)" para que los amarres fueran para esa entidad.

Triay, que en 2008, cerró el expediente de adjudicación de Maó iniciado por Verger, ha defendido la pureza de los concursos objeto de investigación.

La Policía sostuvo en su atestado que de una de esas cintas se podría deducir que Verger y Matías habían pactado con Trapsa Yates para que ésta cediera la concesión del Club Marítimo de Maó a dicha entidad, a cambio de otros valiosos amarres y de conseguir nuevas explotaciones en Palma e Eivissa.

El magistrado Antoni Rotger deberá determinar ahora contra qué imputados activa el juicio y por qué delitos, entre ellos cohecho, fraude, prevaricación, fiscal., coacciones y otros.