La fiscalía Anticorrupción da por terminada la investigación del denominado caso Son Espases, en contra del criterio del juez Castro que pretendía continuar buscando nuevas pruebas, sobre todo para intentar confirmar si se pagaron comisiones a cambio de la concesión de este hospital público. Horrach, sin embargo, anunció ayer que no tiene ninguna intención de solicitar la prórroga de la investigación, por lo que descarta solicitar nuevos testigos. Por tanto, no va a llamar a declarar a Florentino Pérez, presidente de la empresa que finalmente ganó el concurso público para construir y explotar el hospital de Mallorca.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada a principios de año, limita el periodo de instrucción de las causas penales. Por norma general, la instrucción no se puede prolongar más allá de seis meses, periodo en el que se tienen que practicar todas las pruebas, que se analizarán después en el juicio. Sin embargo, la ley establece una excepción para los casos especialmente complicados, como podrían ser las denuncias de corrupción. En estos casos la instrucción se puede prolongar hasta los 18 meses. Sin embargo, para que esta ampliación del plazo la acepte el juez, previamente la tiene que solicitar el fiscal.
Se da la circunstancia de que la abogacía de la comunidad autónoma sí había solicitado la declaración de causa compleja del caso Son Espases. Los juristas no se ponen de acuerdo sobre si es suficiente que esta prórroga se acepte si únicamente la solicite la acusación particular, en contra del criterio del fiscal. En todo caso, Castro decidirá en los próximos días al respecto.
Anticorrupción entiende que la investigación del hospital ha llegado a un punto muerto que es prácticamente imposible continuar solicitando nuevas diligencias, ya que las que se han practicado en los últimos meses no han aportado ni un solo dato o pruebas que no se conociera con anterioridad.
Pero que el fiscal no vaya a solicitar la ampliación de la investigación no supone, en ningún caso, que pretenda pedir el archivo de la denuncia. Todo lo contrario. Horrach cree que existen motivos suficientes para llevar al banquillo a los políticos y a los directivos de la constructora que gestionaron el proceso de adjudicación del hospital de Son Espases. Entre los personajes políticos contra los que va a presentar cargos está Jaume Matas, como presidente del Govern, y Aina Castillo, quien dijo que recibió una orden para que se amañara el concurso a favor de la empresa OHL, que finalmente no se llevó el proyecto al filtrarse en la prensa el nombre del ganador. La decisión de la mesa de contratación se suspendió y, finalmente, tras solicitar nuevos informes, se optó por otra de las ofertas, en concreto la de la empresa Dragados, dirigida por el empresario Florentino Pérez.
Anticorrupción sospecha que el empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, pagó comisiones para asegurarse la concesión de la obra pública más importante que se construyó en Balears. Sin embargo, ninguna diligencia practicada ha servido para localizar la pista del dinero. Y el fiscal entiende que ya se le han acabado las pistas por seguir y duda que en algún momento, aún ampliando el periodo de 18 meses, pueda demostrar el pago de estas comisiones, más allá de fundadas sospechas.
Su acusación se va a limitar a los delitos de prevaricación y fraude a la administración. Anticorrupción cree que podrá demostrar que el concurso fue un amaño, aunque finalmente se frustraran los deseos del Govern Matas de nombrar ganador del concurso a Villar Mir, quien también se sentará en el banquillo de los acusados.
