La futura Oficina Anticorrupción de Balears dispondrá de un régimen sancionador, que permitirá adoptar medidas administrattivas contra los cargos bajo sospecha de actuaciones irregulares sin necesidad de que un tribunal de justicia determine si existe algún tipo de responsabilidad penal.

Podemos presentó ayer en rueda de prensa en el Parlament sus enmiendas a esta iniciativa, la más destacada, la inclusión de este régimen sancionador. Se crea la figura de un instructor, que sería el subdirector de la oficina anticorrupción, que determinará qué diligencia se debe realizar. Las sanciones serían económicas o apartar la persona si se trata de un cargo de libre designación. El régimen sancionador es estricto y más riguroso en Balears que en Valencia, donde también está previsto.

Los podemistas también proponen incluir en la futura ley la defensa de la figura del denunciante y su "protección integral", de modo que se garantice que no sufrirán represalias sociales, laborales, personales o familiares por haber denunciado casos.

El candidato de Junts Podem Més, Juan Pedro Yllanes, coordinador estatal de anticorrupción de Podemos, fue el encargado de presentar estas enmiendas. El juez en excedencia destacó que el Parlament balear es "pionero" en la creación de esta Oficina Anticorrupción, cuya ley será tramitada próximamente en la Cámara autonómica.

El objetivo, señaló, es fiscalizar a las administraciones públicas para evitar nuevos casos de corrupción, sobre todo en una comunidad autónoma "especialmente castigada como es la balear", por lo que esta nueva oficina "tendrá un efecto preventivo importante de diagnóstico para evitar más casos". La oficina será "esencial para empezar a limpiar la política en las islas", añadió.