El nuevo Consell de Mallorca se encontró en 2015 con 1.206 expedientes de obras ilegales en suelo rústico sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de alzada presentados por presuntos infractores contra los expedientes incoados que tampoco se habían resuelto.
Otra de las cifras que demuestran el colapso de la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) son las 150 órdenes de demolición de infracciones urbanísticas que no se han ejecutado. Se trata de construcciones que ya se ha verificado en toda su tramitación que son del todo ilegales e ilegalizables y no fueron comunicadas a los infractores para que procedan al derribo. Sobre esta cuestión, Mercedes Garrido apuntó en su momento que la ADU "pondrá en marcha las multas coercitivas con el objetivo de forzar a los propietarios de infracciones a proceder a la demolición". Este tipo de sanciones están contempladas en la Ley de Suelo y están dirigidas a los infracciones que no cumplan. El Consell ya trabaja en hacer efectivas estas órdenes de derribo a los propietarios, algunas de ellas han tenido que ser reiteradas hasta en dos ocasiones ante la falta de cumplimiento.
El actual equipo de gobierno del Consell, formado por el Pacto de Izquierdas, acusó directamente al Consell de no hacer nada para erradicar el urbanismo ilegal y permitir el colapso de obras ilegales. Desde los populares contestaron que muchas de estos expedientes se remontan a antes del año 2010, cuando la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, era presidenta del Consell de Mallorca.
