"Tenemos que gestionar basándonos en la evidencia, la misma que le exigimos al personal sanitario. Hay que apostar por la Atención Primaria donde se solucionan el 90% de los problemas de salud de los ciudadanos en lugar de construir hospitales como se sigue haciendo en este país. Y hay que avanzar hacia un cambio de modelo que dé más importancia a la atención a la cronicidad".

Esta declaración de intenciones la formuló la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante el debate organizado ayer con motivo de la presentación del libro Innovación y solvencia: cara y cruz de la sostenibilidad del sistema sanitario español elaborado por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con la compañía biotecnológica Celgene.

"La crisis no es la culpable de todo, también lo son las decisiones que toman los políticos", subrayó Gómez en alusión a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, medida sobre la que destacó que no existe ninguna evidencia que haya supuesto un ahorro para las arcas públicas.

"Entre 2010 y 2013 se redujo en un 24% el gasto sanitario en esta comunidad pese a que ya estábamos a la cola de las CC AA. Y se han perdido 1.400 puestos de trabajo", lamentó Gómez antes de incidir en que hay que reclamar una financiación más justa para revertir esta situación.

El director general del IB-Salut, Juli Fuster, señaló que es mejor intentar ser más eficiente que recortar, por lo que apostó por diseñar planes de eficiencia que, a corto plazo, pasarían por potenciar la Atención Primaria. "Y a largo plazo hay que ir hacia un cambio de modelo que atienda de manera integral la cronicidad. Más del 50% de las personas hospitalizadas lo están por enfermedades crónicas", destacó.

En nombre de Celgene, Jordi Martí, vicepresidente de la compañía para España y Portugal, tras admitir la mala imagen de las farmacéuticas, resaltó que "muy pocas moléculas llegan al final y tan solo dos de cada diez recuperan la inversión realizada en investigación. El problema es que en este país hemos medido mal el gasto y que no sabemos priorizar, decir no a cosas", estimó.

"La sostenibilidad del sistema tiene que ser compatible con el acceso a la innovación, algo irrenunciable para los pacientes especialmente en un sistema público", concluyó.

Benito Prósper, director general de Planificación, Evaluación y Farmacia, incidió en que es necesario sostener este sistema sanitario "que nos ha costado tanto" con la innovación, pero midiéndola, recalcó. "Mejorar la salud no tiene que ser a costa de una cantidad ingente de medicamentos o productos sanitarios", apuntó aludiendo a la necesidad de un uso racional de los fármacos y de fomentar la contención del gasto farmacéutico.

El doctor Joaquín Montalar, jefe de servicio de oncología del Hospital Universitario La Fe y coautor del libro, apostó por garantizar la universalidad y la equidad del sistema nacional de salud. Y que los fármacos aprobados lleven unas normas de uso y prescripción para todas las comunidades autónomas. El problema es que, explicó, el ministerio de Sanidad fija unos precios para los nuevos medicamentos que luego deben ser costeados por las comunidades autónomas que, en función de sus recursos, pueden o no prescribirlos. Para sortear el problema que supone la salida al mercado de novedosos fármacos a precios desorbitados, el facultativo abogó por "otras formas de pago, la opción de riesgo compartido o establecer un techo de precios".

Para concluir, Juan E. del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, se preguntó a qué estamos esperando para definir una serie de elementos que permitan establecer un proceso de priorización que garantice a largo plazo la sostenibilidad del sistema sanitario público.