Los casos Palma Arena,Palma Arena con varias piezas separadas pendientes, y Son Espases, corren riesgo de acabar archivados o llevados a juicio sin pruebas contundentes por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo de instrucción de una causa penal. La solución pasa porque antes del 6 de junio próximo la fiscalía anticorrupción se pronuncie a favor de que ambas causas sean declaradas complejas, lo que amplía las pesquisas a 18 meses, prorrogables.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como tiempo máximo de investigación de un caso sencillo medio año, desde el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para ser un caso complejo caben nueve supuestos: grupos u organizaciones criminales; numerosos hechos punibles; gran cantidad de investigados o víctimas; necesidad de pruebas periciales o auxilio de expertos para analizar una abundante documentación o temas complicados; actuaciones en el extranjero; revisión de la gestión de empresas privadas o entidades públicas; o casos de terrorismo.
Corresponde al juez de instrucción definir el caso como complejo y también prorrogar las pesquisas hasta 18 meses más, pero siempre que se lo pida el fiscal. Las defensas no pueden solicitar esa ampliación de la instrucción y el juez tiene vedado decidirlo de manera unilateral.
Cientos de miles de casos
La reforma entró en vigor el pasado 6 de diciembre y estableció como fecha límite el 6 de junio para revisar las 539.543 causas penales que entonces estaban vivas en España.
Ya antes de la aplicación del cambio, que fue impulsado por el Gobierno del PP ahora en funciones, se alzaron numerosas voces críticas de la Justicia, que advirtieron de la imposibilidad de revisar ese volumen de sumarios con los medios disponibles por la fiscalía y del riesgo a que muchos delitos quedaran impunes.
Seis asociaciones profesionales de jueces y fiscales criticaron que la llave para ampliar los plazos estuviera en manos del fiscal, que puede estar en desacuerdo con las tesis del juez 0, "incluso", "desconocer el contenido o la existencia de esa investigación".
El juez Castro, que instruye el caso Palma Arena desde 2009 y el caso Son Espases desde 2015, remitió a la fiscalía anticorrupción un escrito recordándole las disposiciones legales respecto a la declaración de causas complejas. Sin embargo, a fecha de ayer el ministerio público no se había pronunciado sobre la posible prórroga de las pesquisas.
Aplazar su jubilación
Castro pidió aplazar su jubilación dos años, desde el pasado diciembre, para acabar las piezas separadas del Palma Arena que siguen abiertas.
En estos meses ha activado el juicio oral en varias de ellas, cuya instrucción ya ha finalizado. Estos casos, como la pieza separada de la Ópera de Jaume Matas, están pendientes de que la fiscalía y otras acusaciones redacten sus escritos de acusación.
Algunos de estos finales de instrucción han sido recurridos por los encausados, lo que demorará la celebración de las vistas orales si es que la Audiencia respalda las tesis de Castro.
Mafia policial
En otros casos judiciales de presunta corrupción, como el que investiga el juzgado de instrucción 12 de Palma contra la presunta mafia policial, ya se han declarado complejas, a petición de la fiscalía, algunas piezas separadas, como la del presunto amaño de unas oposiciones en la Policía Local de Palma.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF) han denunciado la imposibilidad temporal y material de los fiscales españoles de revisar, antes del 6 de junio, las decenas de miles de causas penales pendientes de calificar de sencillas o complejas.
Según la UPF "no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan".
"No llegamos ni vamos a llegar" al plazo, añade la asociación progresista en un informe sobre la reforma. Tanto es así que no esconden que "pronto se les reprochará" que no se ha cumplido con el objetivo de revisión de causas, por lo que pretenden anticipar a la sociedad las consecuencias habida cuenta del "importante esfuerzo" que han realizado los fiscales.
"Es prácticamente imposible revisar la jurisdicción penal del país en seis meses con los medios que tenemos", afirma la UPF.
