El pleno del Parlament aprobó ayer con un amplio consenso la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y erradicar la fobia contra este colectivo. La normativa tiene como objetivo garantizar los derechos de estas personas y evitar que se puedan producir situaciones de discriminación o violencia a causa de si identidad sexual o identidad o expresión de género, con el fin de asegurar que en Balears "se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad", según se indica en la exposición de motivos.

Para ello, se establecen una serie de medidas en los distintos ámbitos sociales, con especial relevancia en la sanidad y la educación, y un régimen sancionador que contempla multas de un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional correspondiente a un mes, en el caso de las infracciones leves, hasta un máximo de 90.000 euros para las consideradas muy graves.

Aunque PP y Ciudadanos mantenían varias enmiendas al texto, los representantes de estos grupos resaltaron que el elevado nivel de acuerdo era superior a las discrepancias y que esta Ley perduraría en el tiempo. Entre estas enmiendas se encontraba la polémica inversión de la carga de la prueba, que el PP pedía que se suprimiera y sobre la cual los partidos del Pacto, impulsores de esta normativa, consideraron que se trataba de un instrumento fundamental para garantizar los derechos en caso de discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género. Ciudadanos también había presentado una enmienda en el mismo sentido, aunque la retiró al considerar que estaba "cubierta en el ámbito estatal", según argumento la diputada Olga Ballester.

La inversión de la carga de la prueba supone que cuando una persona alegue discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, aportando indicios, corresponde a quien se impute esta situación discriminatoria el aportar una justificación suficientemente probada.

Otras enmiendas hacían referencia a cuestiones como la de cambiar la creación de un Consell de LGTBI por una comisión, ya que "un Consell puede comportar una estructura administrativa costosa", según Ballester. Los partidos del Pacto rechazaron también esta propuesta y resaltaron la importancia de que el colectivo participe en lo que se refiere a derechos y deberes que le afectan y actúe como órgano consultivo.

No obstante, tanto la popular Sandra Fernández como Olga Ballester mostraron su satisfacción por el texto aprobado ayer, ya que en su tramitación en ponencia y comisión se han consensuado numerosas enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos.

El debate más tenso se produjo cuando la portavoz de Podemos, Laura Camargo, arremetió contra los populares acusándoles de haber actuado históricamente como "freno de mano" a la asunción de derechos y "avances" de la sociedad, crítica que hizo extensiva a Ciudadanos al considerar que en algunos asuntos se comporta como una "versión" del PP. "Algunos no han entendido todavía lo que es la discriminación positiva", afirmó Camargo.

Fue la diputada de Ciudadanos la encargada de replicar con más dureza a estas acusaciones. "Dejen la política casposa llena de radicalismo y vayan hacia el consenso entre todos", dijo Ballester a la portavoz de Podemos a quien acusó de atacarles con "resentimiento y totalitarismo", cuando todos los grupos estaban "celebrando el diálogo y el consenso" que ha suscitado esta Ley. Sandra Fernández se sumó a las palabras de Ballester y pidió a Podemos que "miren hacia el futuro".

"¿Pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada?", replicó con ironía Camargo quien consideró que los diputados de su grupo tienen "derecho a recordar lo que ha pasado y los delitos de odio" hacia el colectivo LGTBI.

Salvo ese enfrentamiento, las intervenciones se produjeron sin tensiones, aunque con contundencia a la hora de describir la discriminación y persecución sufridos por el colectivo LGTBI. "Esta Ley hará que Balears sea una Comunidad líder en tolerancia y respeto a la diversidad sexual", afirmó Nel Martí, de Més per Menorca. Bel Busquets, de Més per Mallorca, resaltó que del debate de ayer había que quedarse "con el buen sabor de boca de una Ley que perdurará por el consenso logrado". La socialista Silvia Cano sostuvo que desde ayer Balears tendrá "una sociedad un poco más decente" y Maria Antònia Sureda, de El Pi, afirmó que esta Ley "es necesaria par avanzar bajo los principios de libertad, justicia e igualdad".