Un cártel en el que inicialmente estaban implicadas veinte empresas y dos agrupaciones empresariales pactó, al menos entre 2005 y 2011, los precios de alquileres de coches en los aeropuertos de Balears y otras regiones turísticas, según ha declarado probado la Audiencia Nacional en varias sentencias. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investigó este caso e impuso a los implicados elevadas multas, que en algunos casos rondaron los cinco millones de euros, sanciones que deberá recalcular por orden de la Audiencia Nacional.
La existencia del cártel se descubrió en agosto del 2011 al confesar las prácticas contrarias a la libre competencia una de las compañías de alquiler de coches, Solmar.
La CNC practicó en los meses siguientes inspecciones en las sedes de las empresas sospechosas y halló numerosas pruebas de los acuerdos ilegales, como actas de reuniones, notas manuscritas y correos incriminatorios.
Según ha declarado probado la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, las compañías fijaron unos precios mínimos de alquiler de coches sin conductor, pactaron unas condiciones comerciales iguales para no perjudicarse unos a otros e incluso acordaron también cuál sería la comisión para los intermediarios en internet que les traían los clientes (los brokers)
Los miembros del cártel se reunieron hasta en 32 ocasiones en esos años en distintos salones de hoteles, que alquilaban y pagaban a escote.
Según el tribunal, "las prácticas anticompetitivas consistían en que las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o premium, media, baja o invierno, Navidades, Semana Santa, etc) y estableciendo la duración temporal de dichas temporadas".
Pacto en los extras
Los sancionados también se pusieron de acuerdo en los recargos que cobraban a los clientes por extras como "silletas para bebés, entregas fuera de hora, conductor adicional, recogida en el aeropuerto, seguros de ruedas o cristales, etc".
El ámbito de actuación de los integrantes del cártel fueron los aeropuertos de Cataluña, Valencia, Andalucía y Balears.
La sentencia explica que las reuniones periódicas no bastaban para que algunos de los confabulados no cumplieran los pactos y ofreciera precios más bajos de los acordados. "Cada vez que los miembros del cártel encontraban publicado en las webs de los intermediarios (los brokers) algún precio por debajo de lo acordado ponían de manifiesto la incidencia al incumplidor para que lo remediara lo antes posible".
El método usado en esos supuestos era hacer un "pantallazo" de la oferta a la baja y remitirlo a la empresa "infractora".
La Comisión Nacional de la Competencia concluyó en su informe que, a pesar de algunos incumplimientos esporádicos, el pacto para no quitarse clientes unos a otros funcionó eficazmente durante esos años.
Los integrantes del grupo sancionado también crearon cuentas de correo con copia oculta, para camuflar a los destinatarios de las circulares que periódicamente se remitían para analizar las incidencias o evacuar consultas.
Algunos correos aportados al expediente revelan los métodos de los asociados al cártel para obtener mayores beneficios: "hablemos de la situación en Barcelona; todos pensamos que no debemos bajar los precios tanto y hacernos la competencia. El negocio y cliente de Barcelona no tiene nada que ver con el resto de la Península".
La CNC deberá ahora recalcular las sanciones a los infractores.
