“Los casos de agresiones verbales son diarios, con algunos más excepcionales en los que se llega a la violencia física, y lo más grave es que no dejan de crecer, especialmente en el caso de las oficinas de empleo”. Esta afirmación es compartida, y la formulan el presidente del CSIF en las islas, Andreu Bou; el secretario de Administración General del Estado en UGT-Balears, Pedro Homar; y el secretario general de la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el archipiélago, Josep Ginard.
Los puntos negros de este problema se mantienen en algunos ámbitos ya conocidos, como es el caso de los centros sanitarios o los educativos, pero desde estas organizaciones se subraya el fuerte incremento de este tipo de situaciones que se está registrando en las oficinas de empleo y que padece el personal del SEPE (antiguo INEM). La prueba más evidente de ello es que a los trabajadores de este departamento en Balears se les ha instalado este mismo mes un botón del pánico, con el que dar la alarma en el caso de estar siendo objeto de una de esas agresiones.
El funcionamiento es bien simple: el trabajador de estas dependencias que esté siendo objeto de violencia verbal o tema que se puede llegar a la agresión física podrá tocar una tecla con la que se enviará un aviso a los ordenadores de todos sus compañeros en la oficina, para que respalden a ese empleado y comuniquen lo que está sucediendo al agente de seguridad que se encuentra en estas dependencias.
Incremento estatal del 30%
Si ningún compañero detecta en ese momento esa llamada de auxilio y nadie confirma haberla recibido, el mensaje se remite inmediatamente a los responsables de la Dirección Provincial del SEPE en las islas, con datos sobre la oficina y el trabajador con problemas, para que puedan comunicarlo a su vez a los cuerpos de seguridad.
Según los datos facilitados por el CSIF, durante el último año los casos de agresiones contra trabajadores públicos se han incrementado en torno a un 30%, en España, con especial incidencia en las dependencias del SEPE.
¿Por qué las oficinas de empleo se han convertido en el principal punto de conflicto en esta materia? Los representantes sindicales no tienen dudas al respecto: la dureza de la crisis ha hecho que la situación económica de muchas personas, que hasta hace unos pocos años estaba plenamente normalizada, se haya deteriorado de forma muy grave. Y el problema es que en muchos casos acuden al SEPE en busca de una prestación que en ocasiones se deniega por no cumplir los requisitos necesarios. La frustración que ello genera termina desencadenando en muchos casos esos ataques de ira y las agresiones verbales o incluso físicas antes señaladas. Según Pedro Homar, hay un dato a tener en cuenta, y es que la mayoría de los desempleados de las islas no reciben ningún tipo de prestación, lo que explica las situaciones de desesperación que viven muchas familias.
Según Andreu Bou, estas tensiones se han visto multiplicadas a causa de la ayuda de 426 euros durante seis meses contemplada en el Programa de Activación para el Empleo (PAE) para desocupados que han agotado sus prestaciones. El problema, según el presidente del CSIF en Balears, es que el acceso a esta subvención está condicionado por el cumplimiento de diferentes requisitos, como tener cargas familiares, y acusa al Gobierno central de no haber informado de forma correcta sobre esta ayuda, como lo demuestra el que los que finalmente obtienen ese dinero son una minoría de los que intentan tramitarlo. Al conocer que se deniegan estos ingresos, muchos explotan. Una situación que también se da cuando no se concede cualquier otro tipo de prestación.
Agresiones diarias
Según Josep Ginard, se ha llegado a un punto en que no hay día en el que en alguna dependencia de la Administración pública de las islas no sea necesario recurrir al personal de seguridad o se tenga que llamar a la Policía Nacional.
Aunque se reconoce que los casos de violencia física con daños al funcionario son más excepcionales, se lamenta que los insultos o incluso amenazas al trabajador y a su familia se hayan convertido en habituales, unas situaciones que también vive el personal sanitario, según pone de relieve el presidente del Sindicato Médico de Balears, Miguel Lázaro, y que muestran esa misma evolución al alza. Los sindicatos apuntan problemas similares entre el personal docente con algunos padres o en las oficinas de Extranjería, por citar otros ejemplos.
La directora provincial del SEPE en las islas, Sonia Barranco, confirma que este mes se ha instalado en las oficinas de las islas de este organismo el citado ‘botón del pánico’, y no oculta que los trabajadores de estas dependencias se enfrentan a situaciones de tensión al atender a personas que reclaman algún tipo de prestación y a las que en ocasiones no se les pueden conceder por incumplir algún requisito o la falta de algún documento, pero apunta que este tipo de vivencias son más habituales en otros puntos del país. Sin embargo, sí se han registrado situaciones de una cierta gravedad en las islas. Por ejemplo, apunta el caso de un usuario que llegó a protagonizar un forcejeo con el guarda de seguridad de una de estas oficinas, lo que conllevó una denuncia y una sentencia en la que a esta persona se la ha condenado a no poder pisar una oficina del SEPE durante seis meses. En otra de estas situaciones, el agresor llegó a levantar una silla e hizo amago de ir a golpear con ella al funcionario. Pero Sonia Barranco insiste en que se trata de casos aislados.
Medidas a adoptar
¿Se pueden adoptar medidas para frenar este problema? Los sindicatos defienden que el primer paso es reforzar la seguridad, dado que en algunas oficinas públicas, como las del SEPE, no se dispone de arcos de control como sí hay en otras dependencias, como es el caso de Hacienda o de las vinculadas al ministerio del Interior, y se apunta que un solo guarda privado, que además se encuentra en la zona de entrada y no junto a los trabajadores, puede resultar insuficiente para tener un efecto disuasorio.
Pero los representantes sindicales opinan que el problema va más allá, y lamentan que el Gobierno central haya sido en muchos casos el primero en desacreditar a sus propios trabajadores públicos. Según señala Bou, se ha querido deteriorar la imagen del funcionario para justificar así algunas medidas de recorte. En este sentido, Josep Ginard reivindica que se pongan en marcha campañas informativas desde la propia Administración para revalorizar el trabajo que desarrollan los empleados púbicos y para que el ciudadano perciba la ayuda que éstos le prestan en lugar de verlos como a un obstáculo. Esta propuesta es respaldada por el conjunto de las organizaciones sindicales consultadas.
Pero Miguel Lázaro hace especial hincapié en otro factor: la necesidad de denunciar, sin excepciones, cualquier tipo de agresión que padezca el trabajador público, al considerar que solo así se podrá percibir la extensión real del problema. En su opinión, los funcionarios han terminado asumiendo las agresiones verbales como algo habitual, cuando en su opinión deberían merecer una tolerancia cero, tesis compartida con el resto de sindicatos.
