El gerente de la asociación de constructores de Balears, Bartolomé Mayol, ya lo apuntaba en una entrevista publicada el pasado lunes en Diario de Mallorca: la vivienda libre está alcanzando un precio demasiado alto para que puedan acceder a ellas muchas familias residentes, y la solución pasa por las reservas de suelo de los ayuntamientos y por la intervención de la Administración para impulsar la edificación de nuevas viviendas a precio tasado que sean más asequibles. Ayer la vicepresidenta del colegio balear de agentes de la propiedad inmobiliaria, Natalia Bueno, y el expresidente de este organismo José Oliver demandaban también actuaciones públicas para facilitar el acceso a una residencia a los isleños y para impulsarla recuperación económica de las clases medias del país.
Porque el problema va incluso más allá de los residentes. En concreto, se puso de relieve que los trabajadores que llegan de la península durante la temporada estival se están encontrando también con graves problemas para poder asumir el precio de los alquileres que se les piden en las zonas donde se encuentran los negocios que les han contratado, una situación que está alcanzando el nivel más problemático en la isla de Eivissa.
