El Govern da este mes el pistoletazo de salida contra el intrusismo en el transporte y, más concretamente, contra los denominados taxis piratas. A lo largo de mayo y junio se desarrollarán 25 actuaciones de control en diferentes municipios de Mallorca para detectar la actuación de estos automóviles, se hará un seguimiento de las páginas web en las que muchos ofrecen sus servicios y ya han comenzado a funcionar las ocho cámaras instaladas en el aeropuerto de Palma para leer las matrículas de los vehículos que acceden a estas instalaciones para así detectar comportamientos extraños, como la reiterada entrada de un mismo coche en una jornada. En el caso de Eivissa, ya se advirtió de que esta vigilancia será incluso más intensa, al padecer esta isla el problema del intrusismo de una forma mucho más grave, según se subrayó.
El alcance de este plan se pretende visualizar también en el número de las Administraciones participantes, ya que además de la conselleria de Territorio y Movilidad formarán parte de esta campaña de control las de Trabajo y Hacienda y el Consell de Eivissa, junto a policías locales y Guardia Civil, además de la colaboración que puedan prestar las organizaciones empresariales vinculadas a este sector.
Precisamente el plan fue presentado ayer tras la reunión mantenida con representantes de patronales y sindicatos vinculados al sector, en un encuentro en el que además del conseller Marc Pons estuvieron presentes el director general de Transportes, Jaume Mateu, y la directora general de Trabajo, Isabel Castro.
En el caso de los 25 controles a lo largo de los próximos dos meses, desarrollados por personal de la inspección de transportes y de la de trabajo, junto a la policía local y la Guardia Civil de Tráfico, se aplicarán en los municipios de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Llucmajor, Valldemossa, Felanitx, ses Salines, Artà, Andratx, Pollença, Capdepera, Santa Margalida, Sóller, Alcúdia, Santanyí, Sant Llorenç, Son Servera, Muro y Campos, por lo que a Mallorca se refiere, a lo que se sumará la vigilancia en Eivissa. La intención es detectar la presencia de vehículos que realicen servicios de transporte público sin autorización para ello, o extralimitándose en sus funciones.
La colaboración del personal de la inspección laboral con la de transportes se explica porque al mismo tiempo se vigilará la posible presencia de trabajadores (como en el caso de los conductores) que no hayan sido dados de alta, o casos de exceso de jornada laboral, este último punto incluido entre los objetivos de la campaña extraordinaria de la Inspección de Trabajo que se va a realizar durante este verano.
Cámaras en el aeropuerto
En el caso de Son Sant Joan, las ocho cámaras que ya han comenzado a funcionar tienen como objetivo en una primera fase obtener información sobre las matrículas que acceder al aeropuerto, para posteriormente analizar comportamientos anormales, como una reiteración en la entrada en estas instalaciones cuando se trate de un coche que no pertenece a un trabajador de la zona. Hay que recordar que una práctica habitual de los denominados taxis piratas es, en caso de ser detenidos por un policía o un inspector, alegar que lo que se transportan no son clientes, sino familiares o amigos.
En una segunda fase, y una vez analizada toda esa información, se contará también con mecanismos para detectar la llegada de un vehículo que ya haya sido catalogado como un infractor para poder interceptarlo.
El plan incluye un seguimiento de las páginas web en las que se comercializan estos servicios de transporte para detectar casos en los que el coche no esté dado de alta, un fenómeno que adquiere una especial relevancia en la isla pitiusa.
Aunque en el caso de Mallorca los controles están diseñados para dos meses, Marc Pons destacó que junto con el sector se va a hacer un seguimiento de la campaña, con el fin de determinar sus puntos fuertes y aquellos en los que debe de ser mejorada, y apuntó la posibilidad de que más allá de junio se sigan adoptando nuevas iniciativas en materia de lucha contra el intrusismo
Tanto el conseller como el director general de Transportes apuntaron que el objetivo de esta iniciativa es en primer lugar disuasorio, al advertir a los posibles infractores de que se va a elevar la vigilancia sobre ellos, pero también se espera un incremento de los expedientes sancionadores, que pueden derivar en multas de hasta 6.000 euros más la inmovilización del vehículo.
