Al final no hay juicio. Los acusados en el caso Voltor se han conformado con cambiar penas de cárcel por penas de multas.

De esta manera, Jacinto Farrús, Miquel Ángel Flaquer y Francesc Buils, los principales acusados de la pieza número 10 de este caso por los delitos de fraude, prevaricación y cohecho, se han librado hoy del banquillo por conformidad.

Según el acuerdo de conformidad alcanzado, tanto Buils como Flaquer idearon un plan dirigido a retribuir a Farrús como recompensa por haber sufragado los costes de la campaña y ello mediante contrataciones amañadas desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

En concreto, Flaquer ha sido condenado a una multa de 8.100 euros, mientras que Buils deberá abonar 2.160 euros. Por su parte, Farrús deberá pagar 20.520 euros.

Cabe recordar que la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial S.L.P. , integrada por profesores de la UIB, reclamaba 38 años de cárcel para seis exdirigentes de Unió Mallorquina(UM), a los que vincula con una trama para favorecer a empresarios afines a ese partido con amaños de concursos, entre ellos el empresario Jacinto Farrús.

Cubic, una consultoría vinculada a profesores de la UIB, denunció en 2009 ante la fiscalía anticorrupción los chanchullos que la conselleria de Turismo del Pacte, gobernada entonces por UM, estaba haciendo para favorecer al empresario Jacinto Farrús, una persona próxima a ese partido.

Cubic fue más dura que la fiscalía anticorrupción en su petición de condenas, dado que reclamaba penas más elevadas que el fiscal Miguel Ángel Subirán para algunos de los principales implicados, aunque sí reconoció a otros la condición de arrepentidos.

La acusación particular pedía sendas penas de 10 años de cárcel para Francesc Buils, conseller de Turismo entre 2007 y 2008, y Miquel Àngel Flaquer, expresidente de UM y jefe de finanzas del partido; de 2 años para Antoni Oliver, exdirector gerente del Instituto de Estudios Turísticos (Inestur); de 7 años y 6 meses para el periodista Antoni Martorell y para el exconseller de Deportes Mateo Cañellas y de 8 meses de privación de libertad para el colaborador con la Justicia Álvaro Llompart, que en la época de autos era contable del Inestur. Cubic solicitaba 5 años y 8 meses de cárcel para Farrús, al que la fiscalía anticorrupción reclamaba 7 años de privación de libertad.

En la causa hay otros tres acusados, Guillermo Bongiovanni, Luisa Tortella y Andreu Canals, para quienes Cubic instaba condenas de entre 11 y 39 meses de prisión.