—La asociación balear de constructores denuncia los perjuicios que el Govern y sus empresas públicas están generando por sus retrasos en los pagos a las compañías del sector y también critica duramente algunas de sus medidas urbanísticas ¿En qué nivel se encuentran sus relaciones con el Ejecutivo de Francina Armengol?
—El diálogo es muy correcto, y cara a cara la relación es muy positiva. El problema viene cuando se tienen que aplicar ciertas políticas que, combinadas con la situación del sector ahora que comenzaba a animarse, pueden suponer una mezcla muy peligrosa. Los últimos datos de marzo y abril reflejan que el empleo en esta actividad está frenando su senda de recuperación, que es lo que más nos preocupa. Este no es momento para parar la actividad constructora, porque nos matan.
—El sector lleva unos pocos años con incrementos en la inversión muy potentes, especialmente el de 2015, pero el balance de los dos primeros meses de 2016 ha sido negativo y ya han advertido de sus temores frente a lo que puede suceder en 2017.
—Si analizamos los datos, vemos que la edificación de viviendas venía desde muy abajo sin terminar de levantarse, pero desde mediados del año pasado se ha vuelto a poner en marcha y ha recuperado su condición de motor del sector. Pero se partía también de una fuerte inversión del sector turístico por la renovación de la planta hotelera, que además contaba con el incentivo de poder ganar dos alturas a la hora de invertir aquí o llevarse esa inversión a otros destinos, lo que nos daba trabajo, aunque bien es verdad que a precios muy duros. Y durante los dos últimos años el sector industrial y comercial estuvo tirando del motor con la entrada de cadenas de fuera y nuevas grandes superficies, lo que también nos salvaba un poco. ¿Qué hay ahora? Una gran subida de la vivienda, pero con un sector hotelero que en buena medida ya ha hecho sus reformas durante los últimos tres años y además unas grandes empresas comerciales que se enfrentan a una moratoria. El problema es que hemos llegado hasta aquí con el agua al cuello y no todas las empresas constructoras pueden entrar en el mercado de la vivienda. No nos olvidemos que un pilar tan importante como la obra pública está actualmente en mínimos. Toda esta bola no tiene pinta de acabar bien en 2017.
—¿Su principal problema es en estos momentos el de las medidas políticas en materia de urbanismo o la citada moratoria?
—Los tres principales problemas del sector son, en primer lugar, una recuperación incipiente que no termina de despegar y que no es responsabilidad de la Administración; en segundo lugar, la toma de algunas decisiones políticas que están frenando aun más nuestra salida de la crisis; y en tercer lugar, la fuerte competencia desleal que existe en este sector.
—Bruselas nos está advirtiendo de que seguimos pecando de un exceso de déficit público, ¿es previsible un nuevo recorte en los proyectos que desarrolla la Administración?
—No hay más que recordar las declaraciones del ministro Cristóbal Montoro sobre las comunidades autónomas durante los últimos 15 días. Si eso no nos preocupara, es que ya no nos preocupa nada. El ministro debe de vivir una realidad y las comunidades otra, y si al final se tiene que buscar un punto medio, se acaba la inversión pública. Pero ya no es solo la obra pública nueva, porque las infraestructuras hay que mantenerlas o terminaremos pagando un precio mucho más alto, como se ha puesto en evidencia con las desaladoras.
—¿Se le acaba al sector el filón de las reformas hoteleras?
—Hay que analizar el coste de oportunidad de hacer esa reforma, y si se quita al hotelero la posibilidad de subir dos alturas, quizás opte por la apuesta de ir a nuevos mercados. Si se suprime un incentivo, habría que buscar otras medidas que puedan hacer atractiva para el hotelero esa modernización. Es un error retirar cualquier ayuda sin pensar en la alternativa.
—Antes ha apuntado los bajos precios a los que les hacen trabajar los hoteleros y la competencia desleal.
—Ayer mismo (por el pasado miércoles) estaba aquí un empresario que lloraba amargamente por este tema, al no poder competir por precio porque él cumple el convenio del sector, y otros no lo hacen. Aquí deberíamos conseguir que la Inspección de Trabajo actuara con mayor intensidad, porque en estos temas también estamos ante casos de explotación de los asalariados. En construcción, el precio es un factor sobre el que no se pueden dar muchas vueltas.
—¿El efecto de la moratoria comercial sobre su sector va a ser apreciable o no?
—El desembarco de grandes cadenas comerciales ya se realizó. La moratoria comercial lo que hace es limitar la posibilidad de crecer en unos metros de más que quizás hacen rentable o no una inversión. Es verdad que hay un pequeño comercio a proteger, pero debe de haber alguna manera de conjugar los intereses de ambas partes.
—La edificación de la vivienda se reactiva, pero es un producto que por precio no está al alcance de la mayoría de los isleños.
—El problema de la vivienda en Mallorca viene de una suma de factores que no auguran nada bueno. Tenemos una presión muy fuerte de demanda extranjera, pero además este comprador viene con una mentalidad de hacer negocio, ya que él esta una semana y el resto del tiempo pone el inmueble en alquiler, lo que le permite abonar precios más altos por él. No hay más que ver lo que comienza a pasar en el centro de Palma. Y a ello hay que sumar la escasez de suelo a un precio aceptable porque somos una isla y hay escasez. Con un suelo caro y una demanda de un cliente de alto poder adquisitivo, el producto que sale al mercado es también caro. La única solución para los residentes pasa por las reservas de suelo municipales y por el desarrollo de viviendas protegidas.
—¿El poco suelo disponible se mantiene retenido con fines especulativos?
—Lo que hay es una retención a la espera de tener clarísimo el producto que el cliente solvente está pidiendo y el precio por el que vale la pena ponerlo en marcha para obtener beneficios.
—¿Es necesario revisar las densidades del suelo porque ya casi nadie quiere viviendas de 140 metros cuadrados?
—Tenemos cascos antiguos en la part forana, como el de Manacor, que se echan a perder porque esos inmuebles de 140 metros no son adecuados para parejas que empiezan y solo sirven como efecto llamada para ese inversor de segundas residencias. Otro problema a afrontar es la que la tramitación urbanística es lentísima.
—El empleo vuelve a crecer en su sector. ¿Existe el riesgo de un parón?
—Sí. En enero y febrero hemos seguido creciendo por la inercia de trabajo, pero si baja la inversión, la curva del empleo va detrás. En mayo es evidente que descenderemos por el parón del verano a causa de la normativa de ruidos. El temor gira en torno a si nos volveremos a levantar en octubre.
